El Gobierno provincial dispuso por decreto una actualización salarial retroactiva a septiembre para los trabajadores de la administración pública. El incremento supera la inflación de ese mes, pero llega en un contexto de pérdida acumulada del poder adquisitivo. Una familia de cuatro integrantes necesitó más de $1,6 millones para cubrir la canasta básica.
El Gobierno de Entre Ríos oficializó un incremento salarial del 3,5% para los empleados de la administración pública provincial, con vigencia retroactiva al 1.º de septiembre de 2026. La medida fue dispuesta mediante un decreto del gobernador Rogelio Frigerio, luego de que las negociaciones paritarias no lograran concluir con un acuerdo entre las partes.
El aumento alcanza a los trabajadores estatales de distintos escalafones, con excepción del sector docente, que cuenta con un régimen salarial específico y recibió una actualización del mismo porcentaje mediante otra disposición.
Aunque cualquier mejora en los ingresos representa un alivio para los trabajadores, la pregunta inevitable es cuánto alcanza ese porcentaje frente a los gastos cotidianos de las familias entrerrianas.
¿Cuánto representa realmente el 3,5%?
Para dimensionar el incremento, basta trasladarlo a cifras concretas.
Un empleado que percibía una remuneración de $700.000 sobre la que se aplica íntegramente el aumento recibirá $24.500 adicionales mensuales. Si la base es de $900.000, la mejora será de $31.500, mientras que sobre un millón de pesos representará $35.000.
Son cifras que permiten comprender el alcance de la medida: un incremento que puede ayudar a afrontar parte de los gastos mensuales, pero que difícilmente modifique de manera sustancial la economía de una familia.
La actualización también fijó nuevos salarios mínimos para diferentes sectores de la administración provincial. El escalafón general quedó establecido en $792.720, mientras que para la Carrera de Enfermería se determinó un mínimo de $1.023.566 y para los agentes sanitarios, de $920.252.
Estos importes corresponden a los pisos establecidos por la normativa y no significan que todos los trabajadores perciban esos montos, ya que las remuneraciones varían según la categoría, la antigüedad y los adicionales correspondientes.
La inflación baja, pero vivir sigue siendo caro
Según los últimos datos publicados por el INDEC, la inflación nacional de septiembre fue del 1,9%, mientras que en la región Pampeana, que incluye a Entre Ríos, alcanzó el 2%.
Desde esta perspectiva, el aumento salarial del 3,5% supera la variación de precios registrada durante ese mes, lo que representa una mejora real puntual para los haberes alcanzados por la medida.
Sin embargo, esa comparación no alcanza para determinar si los trabajadores recuperaron el poder adquisitivo perdido durante los meses anteriores.
En los primeros nueve meses del año, la inflación nacional acumuló un 23,6%, mientras que la variación interanual llegó al 33,4%. Para establecer una recuperación salarial sostenida sería necesario comparar estos porcentajes con todos los incrementos otorgados durante el mismo período.
Que un aumento le gane a la inflación de un mes no significa necesariamente que el salario haya recuperado todo lo que perdió anteriormente.
A esto se suma otra realidad: los promedios estadísticos no siempre reflejan la experiencia de cada hogar. Las familias que destinan una mayor proporción de sus ingresos a alimentos, medicamentos, servicios o alquileres pueden experimentar una presión económica diferente de la que muestra el índice general.
Una familia necesita más de $1,6 millones para no ser pobre
El contraste más significativo aparece al observar los valores de la canasta básica.
De acuerdo con el INDEC, durante septiembre una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.632.505 mensuales para cubrir la Canasta Básica Total y superar la línea estadística de pobreza.
Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria, que contempla únicamente las necesidades alimenticias mínimas, alcanzó los $738.690.
Esto significa que el salario mínimo establecido para el escalafón general provincial, de $792.720, equivale aproximadamente al 49% de la canasta básica total de una familia tipo.
Naturalmente, la condición de pobreza se determina considerando los ingresos del conjunto del hogar y no solamente el sueldo individual de uno de sus integrantes. Sin embargo, la comparación permite dimensionar las dificultades que enfrentan las familias que dependen de un único ingreso.
Y existe otra particularidad: la canasta básica utilizada para medir la pobreza no contempla todos los gastos que habitualmente realiza una familia, como el alquiler de una vivienda, el mantenimiento de un vehículo o determinados servicios educativos y sanitarios privados.
Por eso, superar estadísticamente la línea de pobreza no significa necesariamente vivir sin dificultades económicas.
Aumento por decreto y negociaciones pendientes
La actualización salarial también vuelve a poner sobre la mesa el funcionamiento de las negociaciones paritarias en la provincia.
En septiembre, el Gobierno había comunicado su decisión de otorgar el incremento del 3,5% ante la falta de un acuerdo en las negociaciones con los representantes sindicales.
Finalmente, la medida quedó formalizada mediante decreto, contemplando también actualizaciones en las asignaciones familiares y determinados adicionales.
Desde el Ejecutivo provincial se plantea la necesidad de sostener las mejoras salariales dentro de las posibilidades presupuestarias del Estado. Del otro lado, los trabajadores enfrentan el desafío de mantener sus ingresos frente a un costo de vida que continúa aumentando, aunque lo haga a un ritmo menor que en años anteriores.
La discusión, por lo tanto, no se limita al porcentaje anunciado, sino a la capacidad de los salarios para conservar su valor a lo largo del tiempo.
El verdadero desafío: que el salario alcance hasta fin de mes
En las ciudades del interior entrerriano, donde buena parte de la actividad económica depende de los salarios públicos, las jubilaciones y el consumo de las familias, la evolución de los ingresos tiene consecuencias que van mucho más allá de los empleados directamente beneficiados.
Cuando el salario pierde capacidad de compra, también se resienten los pequeños comercios, los prestadores de servicios y las economías locales.
El aumento del 3,5% representa una mejora concreta y supera la inflación registrada en septiembre. Pero su verdadero impacto deberá evaluarse dentro de la evolución salarial de todo el año y frente a los gastos que afrontan los hogares.
Porque, más allá de los porcentajes, las paritarias y los anuncios oficiales, la medida que finalmente importa para los trabajadores es cuánto dinero queda después de pagar los alimentos, los servicios, los medicamentos y las obligaciones de cada mes.
Y en esa cuenta cotidiana, para muchas familias entrerrianas, el margen continúa siendo demasiado estrecho.