La Provincia dispuso la cesantía de Marcelo Fabián Insaurralde tras una investigación administrativa que reveló graves irregularidades en la oficina pública. Entre los hechos detectados figuran cobros indebidos a vecinos, intervención de personas ajenas al organismo y modificaciones de actas oficiales sin respaldo legal. Además, continúa abierta una causa penal.
Un escándalo que comenzó con denuncias de vecinos y terminó exponiendo serias irregularidades en el funcionamiento del Registro Civil de Federal tuvo un nuevo capítulo. El Gobierno de Entre Ríos resolvió dejar cesante a Marcelo Fabián Insaurralde, quien estuvo al frente de la delegación local, luego de un sumario administrativo que permitió establecer múltiples incumplimientos de sus obligaciones como empleado público.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución N.º 3164/2026, que dio por concluido el procedimiento iniciado en 2025 y avaló las conclusiones de los organismos jurídicos provinciales.
Pero detrás de la sanción administrativa aparece una historia que resulta particularmente preocupante: ciudadanos que acudían a una dependencia del Estado para realizar trámites personales y terminaban entregando dinero en efectivo a personas que ni siquiera pertenecían formalmente al organismo.
Cobros sin comprobantes y un empleado que no era empleado
Uno de los episodios que impulsó la investigación ocurrió en febrero de 2024, cuando una vecina denunció que, al intentar tramitar su DNI, le exigieron el pago de $6.000 en efectivo, sin entregarle comprobante alguno.
Según las actuaciones administrativas, quien recibió el dinero fue Maximiliano Lagos, una persona que realizaba tareas dentro de la oficina sin formar parte de la planta oficial del Registro Civil.
La investigación determinó que Lagos intervenía en la confección de documentación, atendía al público y recibía pagos que posteriormente entregaba a Insaurralde, quien firmaba los trámites correspondientes.
La situación resultaba especialmente irregular porque los procedimientos del Registro Civil no habilitaban esa modalidad de cobro en efectivo.
También se detectaron pagos por supuestos trámites urgentes o exprés, pese a que tales tarifas no estaban contempladas en la reglamentación, e incluso solicitudes de giros postales a nombre personal del entonces responsable de la dependencia.
Documentos oficiales bajo sospecha
Sin embargo, las irregularidades no se limitaron al manejo del dinero.
Las auditorías también detectaron modificaciones en libros oficiales de nacimiento y defunción que carecían del respaldo administrativo correspondiente.
Entre los casos examinados aparece una rectificación marginal en un acta de defunción cuyos números de resolución y protocolo no existían en los archivos centrales de Paraná.
También se constató la modificación del apellido de un menor en un acta de nacimiento sin que existiera una resolución que autorizara el cambio.
Estos hallazgos agregaron gravedad al expediente, teniendo en cuenta que el Registro Civil es precisamente el organismo encargado de garantizar la autenticidad y seguridad jurídica de documentos fundamentales para la identidad de las personas.
Un historial de advertencias y sanciones
La investigación también permitió reconstruir antecedentes disciplinarios de Insaurralde.
En 2019 había recibido un apercibimiento por incumplimientos relacionados con la rendición diaria de caja, mientras que en octubre de 2024 fue sancionado con diez días de suspensión por la presencia irregular de Lagos dentro de la dependencia.
Durante el procedimiento sumarial, el agente optó por abstenerse de declarar en la indagatoria realizada el 10 de abril de 2025.
Finalmente, los organismos provinciales consideraron acreditadas faltas suficientemente graves para aplicar la cesantía, conforme al artículo 71, inciso c), de la Ley Provincial N.º 9755, que regula el empleo público entrerriano.
La causa penal sigue abierta
La salida de Insaurralde de la administración provincial no significa el cierre de todas las actuaciones.
Desde noviembre de 2024 también se tramita una investigación penal ante la Unidad Fiscal de Federal, a cargo de la fiscal Eugenia Molina, por presunta malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude a la administración pública.
En ese marco, la Policía de Entre Ríos realizó un allanamiento en la dependencia y secuestró una impresora utilizada para emitir comprobantes, con el objetivo de someterla a peritajes.
Mientras el sumario administrativo concluyó con una sanción expulsiva, la responsabilidad penal deberá ser determinada por la Justicia, respetando las garantías del proceso.
Cuando la confianza pública queda comprometida
El caso deja interrogantes que van más allá de la responsabilidad individual del funcionario sancionado.
¿Cómo pudo una persona ajena al organismo intervenir en trámites oficiales y recibir dinero de los ciudadanos? ¿Qué controles existían sobre la recaudación y la documentación? ¿Cuánto tiempo se prolongaron estas prácticas antes de que las denuncias permitieran ponerles un freno?
La cesantía representa una respuesta administrativa frente a los hechos investigados, pero también expone la importancia de los mecanismos de supervisión dentro de las oficinas públicas.
Porque cuando las irregularidades ocurren en un organismo encargado de registrar nacimientos, defunciones e identidad, lo que se pone en riesgo no es solamente el correcto funcionamiento de una dependencia estatal, sino también la confianza de los ciudadanos en la documentación que el propio Estado debe garantizar.