En el Día Mundial de la Salud Mental, los preocupantes indicadores provinciales vuelven a poner en discusión las políticas públicas de prevención, el presupuesto y el acceso a la atención. Mientras el Gobierno defiende las medidas adoptadas, distintos sectores reclaman mayores recursos y una ley que garantice respuestas sostenidas.

Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha que en Entre Ríos adquiere particular importancia debido a los indicadores vinculados al suicidio, los consumos problemáticos y las crecientes demandas de atención psicológica y psiquiátrica.

Los datos oficiales reflejan una realidad preocupante. Según el sistema provincial de vigilancia epidemiológica, entre julio de 2023 y julio de 2026 se notificaron 1.139 intentos de suicidio en establecimientos públicos entrerrianos. La mitad de los casos registrados corresponde a personas de entre 15 y 29 años.

Estas cifras no representan la totalidad de los casos ocurridos, ya que el sistema de notificación todavía se encuentra en desarrollo. Sin embargo, permiten dimensionar una problemática que afecta especialmente a los jóvenes y que requiere respuestas de todo el sistema sanitario, educativo y social.

Otro dato significativo fue aportado por el propio ministro de Salud, Daniel Blanzaco, quien informó que durante 2024 Entre Ríos registró una tasa de mortalidad por suicidio de 13,5 por cada 100.000 habitantes. Entre los departamentos identificados con situaciones críticas mencionó a Colón, Federal, Victoria y Gualeguay.

Una urgencia declarada, pero con diferencias sobre las soluciones

En julio de este año, el gobernador Rogelio Frigerio firmó el Decreto N.º 2130/26, mediante el cual declaró la urgencia sanitaria en salud mental por un año, con posibilidad de prórroga.

La medida contempla el fortalecimiento de los servicios, la capacitación de profesionales, la prevención del suicidio y el desarrollo de dispositivos comunitarios. También habilita adecuaciones presupuestarias conforme a la normativa vigente.

Desde el Ministerio de Salud sostienen que se están reforzando equipos y guardias hospitalarias. Este sábado, el Gobierno destacó refuerzos económicos en establecimientos de Paraná, recorridas por hospitales del interior y la próxima apertura de un hospital de día en Diamante.

Sin embargo, desde el Partido Justicialista cuestionaron que el decreto no disponga por sí mismo una ampliación presupuestaria específica. En un comunicado difundido este 9 de octubre reclamaron mayores inversiones, incorporación de profesionales y mejores condiciones laborales para los trabajadores de salud.

El debate también llegó a la Legislatura. Allí continúa en estudio un proyecto impulsado por el senador Martín Oliva que propone declarar la emergencia por dos años y crear una Red Integral de Cuidados de la Salud Mental y Bienestar Psicosocial. Entre sus disposiciones se contempla destinar a salud mental el equivalente al 10 % del presupuesto del Ministerio de Salud.

En abril, el ministro Blanzaco había informado que el 8,4 % del presupuesto sanitario provincial de 2026 estaba destinado a esta área.

El desafío de llegar al interior provincial

Uno de los aspectos fundamentales es garantizar que la atención no dependa exclusivamente de los grandes centros urbanos.

En localidades pequeñas, disponer de profesionales especializados, sostener tratamientos y acceder a servicios de mayor complejidad puede requerir traslados y esfuerzos económicos importantes para las familias.

Por eso, el fortalecimiento de los hospitales locales, los centros de atención primaria y las redes comunitarias resulta indispensable.

Las escuelas también cumplen un papel relevante en la detección temprana de situaciones de angustia, aislamiento, violencia o consumo problemático. Sin embargo, esa responsabilidad debe estar acompañada por equipos profesionales y mecanismos claros de derivación y seguimiento.

La salud mental tampoco puede analizarse de manera aislada de las condiciones de vida. Las dificultades económicas, los conflictos familiares, la violencia y la falta de redes de contención pueden profundizar situaciones de vulnerabilidad, aunque ninguna de estas circunstancias explica por sí sola un padecimiento o una conducta suicida.

De las declaraciones a las respuestas concretas

La discusión sobre salud mental no debería reducirse a una disputa entre oficialismo y oposición. Tampoco alcanza con reconocer la gravedad del problema o realizar campañas de concientización.

El verdadero desafío consiste en garantizar que una persona que necesita ayuda pueda encontrarla oportunamente, sin que su lugar de residencia o su situación económica determinen sus posibilidades de atención.

Para ello hacen falta profesionales, dispositivos territoriales, prevención, continuidad de los tratamientos y recursos presupuestarios verificables.

Entre Ríos ya reconoció formalmente la urgencia. Ahora el desafío es demostrar, con hechos y resultados, que ese reconocimiento puede convertirse en una política pública capaz de llegar a cada comunidad.