La causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del exgobernador Gustavo Bordet sumó en las últimas horas un episodio que excede ampliamente a las personas involucradas.
Durante una audiencia judicial, el fiscal José Arias presentó audios atribuidos a una empleada de la Fiscalía de Concordia que habría compartido información de la investigación con miembros de su familia.
La situación es especialmente delicada porque su padre aparece vinculado a personas investigadas dentro del mismo expediente.
La empleada fue apartada y existe además una denuncia por una posible violación del deber de confidencialidad.
Pero detrás del episodio aparece una pregunta mucho más profunda:
¿Cómo llega una persona a ocupar un lugar dentro de una Fiscalía, donde puede tener acceso a información reservada y extremadamente sensible?
La trayectoria conocida de la empleada muestra que inicialmente llegó a la Fiscalía desde la Municipalidad de Concordia mediante una adscripción y posteriormente fue designada como escribiente suplente.
Es importante aclararlo: esos mecanismos pueden ser legales.
El problema es otro.
Cuando el ingreso a áreas sensibles del Estado depende demasiado de decisiones administrativas, recomendaciones o designaciones discrecionales y demasiado poco de concursos abiertos y transparentes, aumenta el riesgo de que las relaciones personales, familiares o políticas terminen interfiriendo donde no deberían hacerlo.
Y una Fiscalía no es una oficina cualquiera.
Por allí pasan denuncias, allanamientos, datos patrimoniales, estrategias procesales, nombres de investigados y decisiones que pueden definir el futuro de una causa penal.
Por eso no alcanza con exigir que fiscales y jueces sean independientes.
También debe ser profesional, transparente e independiente el personal que trabaja alrededor de ellos.
Este caso vuelve a mostrar una vieja debilidad del Estado argentino: la dificultad para separar completamente la política de la Justicia.
Durante décadas, distintos gobiernos y distintos partidos han intentado tener influencia sobre organismos judiciales. A veces esa influencia aparece en los cargos superiores. Otras veces puede comenzar mucho más abajo, a través de nombramientos, contrataciones o personas que ingresan por relaciones de confianza.
El problema aparece cuando esa lógica termina contaminando una investigación.
Porque entonces la duda ya no alcanza solamente a una persona.
Alcanza a toda la institución.
El ciudadano empieza a preguntarse quién nombró a quién, qué vínculos existen, quién tuvo acceso a determinada información y si una investigación puede realmente desarrollarse sin interferencias.
Y cuando esas preguntas se multiplican, la Justicia empieza a perder su capital más importante: la confianza de la sociedad.
La causa contra Bordet deberá seguir su camino y será la Justicia la que determine si existió o no enriquecimiento ilícito. Nadie puede ser considerado culpable antes de una sentencia.
Pero independientemente de cómo termine ese expediente, este episodio debería servir para abrir una discusión mucho más amplia.
Entre Ríos necesita avanzar hacia una Justicia donde los concursos, los antecedentes, la idoneidad y los controles de incompatibilidades sean la regla.
Una Justicia donde trabajar no dependa de conocer a alguien.
Donde ninguna persona pueda convertirse en funcionario judicial simplemente por cercanía política o confianza personal.
Y donde quien deba investigar a un gobernador, a un intendente, a un empresario o a cualquier persona pueda hacerlo sin preguntarse qué relaciones existen dentro de su propia oficina.
La democracia necesita política. Pero también necesita límites.
Y uno de los límites más importantes es sencillo de explicar:
la política debe gobernar y la Justicia debe investigar y juzgar.
Cuando esas dos funciones empiezan a confundirse, no pierde un partido ni gana otro.
Pierde la sociedad.