El presidente español convocó elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, después de una nueva derrota parlamentaria. Más allá de la suerte electoral de Pedro Sánchez, la decisión vuelve a colocar sobre la mesa un problema que atraviesa buena parte de Europa: parlamentos cada vez más fragmentados, sociedades polarizadas y gobiernos obligados a construir acuerdos en medio de enormes tensiones económicas y geopolíticas.
Pedro Sánchez decidió este lunes 5 de octubre disolver las Cortes Generales y convocar elecciones anticipadas para el 29 de noviembre de 2026. La decisión llega después de que su Gobierno volviera a comprobar los límites de una mayoría parlamentaria extremadamente frágil, esta vez con el rechazo de medidas vinculadas a la crisis de la vivienda, uno de los problemas sociales que más presión genera actualmente en España.
Sánchez gobierna desde hace años sin disponer de una mayoría propia y dependiendo de acuerdos con fuerzas políticas muy diferentes entre sí. Esa capacidad para negociar le permitió mantenerse en el poder, pero también convirtió cada ley importante, cada presupuesto y cada votación decisiva en una negociación compleja. Reuters señala que el dirigente socialista lleva ocho años al frente del Gobierno sin haber contado nunca con mayoría absoluta propia.
La convocatoria electoral puede interpretarse, naturalmente, como una apuesta política. Sánchez busca que las urnas reconstruyan una mayoría que el Parlamento ya no consigue ofrecerle. Pero reducir la situación española simplemente a la habilidad, o al desgaste, de un dirigente sería perder una parte importante del problema.
España no está aislada.
Europa atraviesa uno de los períodos políticamente más complejos de las últimas décadas. La guerra en Ucrania continúa condicionando la seguridad continental y ha obligado a los Estados europeos a discutir aumentos del gasto militar, autonomía estratégica y nuevas capacidades de defensa. El propio Consejo Europeo considera que la preparación defensiva del continente debe incrementarse decisivamente hacia 2030.
Al mismo tiempo aparecen otras tensiones: inmigración, dificultades para acceder a la vivienda, envejecimiento de la población, transición energética, pérdida de competitividad frente a Estados Unidos y China, endeudamiento público y un creciente malestar de sectores sociales que sienten que las instituciones tradicionales no responden con suficiente rapidez.
Y allí aparece una paradoja.
Las sociedades reclaman soluciones rápidas, pero los parlamentos europeos son cada vez más diversos y fragmentados. Donde antes dos o tres grandes partidos podían construir mayorías relativamente estables, hoy conviven fuerzas de izquierda, centro, derecha, nacionalistas, regionalistas, ecologistas y nuevas derechas. Gobernar exige negociar mucho más. Y negociar significa también ceder.
El propio Sánchez, al anunciar las elecciones, describió un Congreso en el que, según sus palabras, muchas veces se confunde “pactar” con “renunciar” y “bloquear” con “vencer”. Es la interpretación del presidente y puede discutirse, pero señala un fenómeno real: cuando el adversario deja de ser alguien con quien eventualmente se puede acordar y pasa a convertirse en alguien cuya derrota constituye el objetivo principal, el parlamentarismo comienza a perder capacidad de producir decisiones.
Tampoco significa que la responsabilidad corresponda exclusivamente a la oposición. En una democracia parlamentaria, gobernar supone precisamente conseguir mayorías. Cuando un Ejecutivo deja de reunirlas, el Parlamento tiene derecho a frenarlo. Ese control no es una anomalía: es parte de la democracia.
El interrogante aparece cuando el bloqueo deja de ser excepcional y se convierte en funcionamiento habitual.
La incertidumbre española coincide además con tensiones políticas y fiscales en otras grandes economías europeas. Francia atraviesa fuertes dificultades presupuestarias y políticas, mientras Alemania enfrenta sus propias tensiones internas y el continente debate cómo financiar simultáneamente defensa, protección social, transición energética e inversiones necesarias para recuperar competitividad. Los mercados financieros ya comenzaron a mirar la inestabilidad política de distintos países como un problema europeo y no exclusivamente nacional.
Por eso las elecciones españolas del 29 de noviembre tendrán una lectura que excederá ampliamente las fronteras de España.
Podrán significar la continuidad del proyecto de Sánchez, una nueva mayoría encabezada por el Partido Popular o un Parlamento que vuelva a necesitar complejos acuerdos para formar gobierno. Los sondeos actuales muestran ventaja para el bloque de derecha, aunque todavía queda una campaña completa por delante y el resultado permanece abierto.
Pero quizá exista una pregunta todavía más interesante que quién ganará.
¿Cómo se gobiernan sociedades cada vez más divididas sin debilitar al Parlamento en el intento?
La democracia no puede reducirse únicamente a votar cada cuatro años, pero tampoco puede funcionar si las instituciones son incapaces de transformar diferencias legítimas en decisiones colectivas.
La disolución de las Cortes españolas vuelve a entregar la decisión a los ciudadanos. Eso es plenamente democrático. El desafío comenzará al día siguiente de las elecciones: quien gane deberá volver al mismo lugar del que hoy parece difícil escapar (el Parlamento) y aprender nuevamente el ejercicio más antiguo y, posiblemente, más difícil de la política democrática: construir acuerdos entre quienes piensan distinto.