Tener PAMI en el interior: cuando la cobertura existe, pero acceder a la salud se vuelve una carrera de obstáculos
Distancias de cientos de kilómetros para llegar a un especialista, menos prestadores, trámites cada vez más digitalizados y dificultades para sostener la cobertura de medicamentos forman parte de una realidad que se repite fuera de los grandes centros urbanos. El problema no siempre es que PAMI no cubra una prestación: muchas veces es que el jubilado simplemente no logra llegar a ella.
PAMI es la obra social más grande del país. El propio organismo informa que atiende a alrededor de 5 millones de jubilados, pensionados y familiares, cuenta con más de 600 agencias, 38 Unidades de Gestión Local, unos 8.000 médicos de cabecera y aproximadamente 17.000 prestadores. Sobre el papel, se trata de una enorme estructura federal.
Pero vivir en Buenos Aires, Rosario, Córdoba o una capital provincial no es lo mismo que vivir en una pequeña localidad del interior. Allí aparece una desigualdad que las estadísticas generales muchas veces esconden: tener cobertura no significa necesariamente tener acceso.
Un especialista que figura en cartilla puede encontrarse a 100, 150 o 200 kilómetros. Una oficina donde resolver presencialmente un inconveniente puede estar en otra ciudad. Una autorización puede depender de una Unidad de Gestión Local distante. Y cuando una prestación desaparece de la localidad, la alternativa suele ser viajar.
El propio sistema de PAMI reconoce esta realidad. Su normativa contempla expresamente las derivaciones de afiliados hacia otras zonas cuando no existe capacidad prestacional en su lugar de residencia. Es decir, la concentración geográfica de determinados servicios no es una percepción: forma parte del funcionamiento previsto por el Instituto.
Entre Ríos muestra el problema con números
Los datos conocidos este año son particularmente significativos.
En la UGL XIV de Entre Ríos, con sede en Paraná, el padrón pasó de 82.757 afiliados en diciembre de 2023 a 84.143 en junio de 2026. Sin embargo, durante el mismo período disminuyó la cantidad de médicos de cabecera: eran 195 en 2023, 179 en 2024, 171 en 2025 y 170 en 2026.
Son 25 médicos menos, una reducción cercana al 13%, mientras aumentó la cantidad de afiliados. Esa misma información consigna sólo 43 prestadores para especialistas y diagnóstico por imágenes, 28 establecimientos para internación y apenas tres empresas para cubrir traslados y derivaciones en toda el área de esa UGL.
La situación se vuelve todavía más evidente cuando desaparece un prestador importante.
En Concordia, desde el 1° de septiembre de 2026, el Sanatorio Concordia dejó de recibir nuevos pacientes de PAMI luego de finalizar su convenio. El conflicto afectó a alrededor de 15.000 afiliados que tenían allí asignada su internación, obligando a reorganizar la atención principalmente a través de los hospitales Masvernat y Felipe Heras. PAMI sostuvo que se encontraba reorganizando la red y que la salida había sido una decisión unilateral del prestador; el sanatorio, en cambio, denunció atraso en aranceles y dificultades para sostener económicamente el convenio.
Más allá de quién tenga razón en esa disputa contractual, hay un dato imposible de ignorar: 15.000 jubilados tuvieron que reorganizar de un día para otro dónde internarse.
Y para quien vive todavía más lejos de Concordia o de una cabecera departamental, cada reducción de la red significa más kilómetros, más transporte, más acompañantes y mayores costos.
Digitalizar no siempre significa acercar
PAMI ha avanzado decididamente hacia la digitalización. Hoy numerosos trámites pueden iniciarse por internet, la credencial puede utilizarse desde una aplicación, las recetas son electrónicas y Mi PAMI permite consultar órdenes, recetas, cartilla y realizar gestiones.
Para una parte de los afiliados es una ventaja indiscutible.
El problema aparece cuando la digitalización comienza a reemplazar, en lugar de complementar, a la atención territorial.
Según el último dosier de personas mayores del INDEC, correspondiente a datos de 2024, sólo el 62,5% de las personas de 75 años o más utilizaba internet. Apenas el 11% utilizaba una computadora. Es decir, una porción muy importante de la población a la que está dirigido PAMI permanece total o parcialmente afuera de la lógica digital.
El propio PAMI informó a fines de 2025 que Mi PAMI había superado los 2 millones de usuarios. Es un número importante, pero considerablemente menor que el universo de alrededor de cinco millones de afiliados que declara el Instituto.
La brecha no es solamente tecnológica. Una persona puede tener teléfono celular y WhatsApp pero no saber cargar documentación, escanear estudios, generar una clave, recuperar una contraseña o interpretar el estado administrativo de un expediente.
En abril de este año, la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina, ADPRA, alertó precisamente sobre este problema. Tras relevar reclamos en distintas jurisdicciones, pidió a PAMI implementar canales de atención personalizada para quienes no tienen acceso a vías digitales, además de advertir sobre demoras en autorizaciones, dificultades para obtener medicamentos e insumos y problemas con médicos de cabecera y prestadores.
La tecnología debería evitar viajes innecesarios. Pero cuando no existe una oficina cercana ni acompañamiento presencial suficiente, puede transformarse en una nueva barrera.
Medicamentos: cuando una autorización vencida se transforma en un problema de salud
Otro de los puntos sensibles es el acceso a medicamentos.
PAMI informa actualmente que quienes cumplen determinadas condiciones económicas pueden solicitar el subsidio social para obtener medicamentos con cobertura del 100%. Para hasta cuatro medicamentos el trámite puede ser automático; hasta seis interviene la UGL y, cuando se superan las seis prescripciones, también interviene el Nivel Central. El sitio oficial aclara actualmente que el subsidio social no requiere renovación mientras el afiliado continúe reuniendo las condiciones establecidas.
Sin embargo, desde distintos puntos del país se viene señalando otra dificultad: autorizaciones individuales que vencen y obligan a revalidar determinadas coberturas.
En Misiones, referentes del sector farmacéutico explicaron en enero de 2026 que numerosos afiliados se encuentran con autorizaciones de medicamentos al 100% que vencen a los seis meses. Cuando eso ocurre, el sistema puede volver a mostrar coberturas del 80, 60 o 50% hasta que se complete una nueva gestión. Para una persona polimedicada o con ingresos mínimos, esa diferencia puede significar simplemente no poder comprar el medicamento.
Además, las recetas electrónicas para tratamientos crónicos tienen una vigencia de sólo 30 días. PAMI permite que el médico emita recetas postdatadas, pero únicamente para dos o tres meses consecutivos, por lo que el afiliado continúa dependiendo periódicamente del médico de cabecera para mantener su tratamiento.
Cuando el médico está en la misma ciudad, puede ser un trámite. Cuando está a decenas de kilómetros, no consigue turno o dejó de ser prestador, la burocracia deja de ser un inconveniente administrativo y comienza a transformarse en un problema sanitario.
El asunto llegó incluso al Congreso. En agosto de 2026, durante una reunión de la Comisión de Personas Mayores de Diputados destinada a analizar las prestaciones del PAMI, un defensor del pueblo de Villa La Angostura relató que para lograr que un jubilado accediera a su medicación oncológica tuvieron que intervenir dos Defensorías del Pueblo, un Defensor Público Federal y un juez federal. Allí se denunciaron también demoras en autorizaciones, faltantes de medicamentos y discontinuidad de prestaciones en distintas jurisdicciones.
Menos prestadores y una discusión que no puede reducirse a números
En mayo de 2026, PAMI informó oficialmente que había dado de baja a más de 1.500 prestadores de distintos niveles luego de auditorías en las que detectó cobros indebidos, prestaciones inexistentes y establecimientos que no cumplían condiciones de seguridad e higiene.
El control es necesario. No puede exigirse mantener prestadores fraudulentos simplemente para aumentar una cartilla.
Pero hay otra pregunta que también debe hacerse: ¿quién reemplaza al prestador que se va, especialmente en una localidad pequeña donde quizás había uno solo?
PAMI sostiene que las bajas se realizan garantizando la continuidad de la atención a través de la red disponible.
El problema es que los reclamos territoriales muestran que esa “red disponible” no tiene la misma densidad en todo el país.
ADPRA alertó en abril sobre una creciente cantidad de reclamos por discontinuidad de prestaciones, falta de medicamentos, inconvenientes con médicos de cabecera y problemas contractuales con prestadores. Y durante este año hubo conflictos y protestas por prestaciones del PAMI en Córdoba, Concordia y otras ciudades del interior.
Un sistema federal no puede medir la distancia solamente en kilómetros
El problema de fondo quizá sea éste: PAMI funciona con una lógica administrativa nacional, pero la Argentina tiene una geografía profundamente desigual.
En una gran ciudad, perder un prestador puede significar cambiar de clínica. En una localidad del interior puede significar viajar cien kilómetros.
Una receta electrónica en una capital puede ahorrar una fila. Para un jubilado de 80 años que vive solo, no maneja internet y tiene la oficina más cercana en otra ciudad, puede significar depender de un hijo, un vecino o un gestor.
Una autorización que vence puede resolverse en pocas horas para quien tiene especialista, agencia y farmacia a pocas cuadras. En el interior puede requerir conseguir turno, trasladarse, presentar documentación y volver días después.
Por eso no alcanza con medir cuántos afiliados tiene PAMI, cuántos trámites pueden realizarse online o cuántos prestadores aparecen en una cartilla nacional.
La verdadera medida del acceso a la salud es cuánto tiene que viajar un jubilado para encontrar a ese prestador, cuánto debe esperar, cuántas veces tiene que realizar el trámite y qué ocurre con su tratamiento mientras espera.
El desafío no debería ser volver atrás con la tecnología ni eliminar controles. Debería ser construir un PAMI verdaderamente federal: con atención humana cercana, capacidad de resolución en las delegaciones del interior, una red suficiente de médicos y especialistas, sistemas de derivación y traslado efectivos y mecanismos que garanticen que ningún jubilado interrumpa un tratamiento porque una autorización administrativa venció.
Porque una obra social para personas mayores no puede diseñarse suponiendo que todos viven cerca de un sanatorio, tienen automóvil, manejan una aplicación y cuentan con un familiar que haga los trámites.
En el interior del país, la distancia también enferma. Y cuando el acceso depende del código postal, la cobertura deja de ser verdaderamente integral.