Un juez federal ordenó al Ministerio de Economía y a Vialidad Nacional que informen sobre el destino de recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles. La presentación busca que el dinero se utilice para reparar y mantener las rutas entrerrianas.
La Justicia Federal dio un paso importante en el reclamo por el deterioro de las rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos. El juez Federico Martín, de Victoria, requirió al Ministerio de Economía de la Nación y a Vialidad Nacional que presenten, en un plazo de tres días, un informe sobre el destino de los fondos destinados a infraestructura vial.
La medida responde a un amparo presentado por los legisladores nacionales Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay, quienes cuestionan que recursos provenientes del impuesto a los combustibles permanezcan colocados en instrumentos financieros mientras las rutas necesitan mantenimiento.
Según los datos incluidos en la presentación judicial, entre enero de 2024 y mayo de 2026 ingresaron al Sistema Vial Integrado (SISVIAL) más de 1,5 billones de pesos a nivel nacional, pero solamente unos 394.406 millones se aplicaron a obras. De acuerdo con los demandantes, más de un billón de pesos permanecía invertido en títulos públicos y plazos fijos.
Entre las rutas mencionadas se encuentra la Ruta Nacional 127, fundamental para la conectividad del departamento Federal, junto con las rutas 12, 14, 18, 135 y 174.
La discusión excede una cuestión administrativa. El deterioro de las rutas afecta la seguridad de quienes transitan diariamente, encarece el transporte de mercaderías y perjudica la actividad económica de numerosas localidades del interior.
El reclamo plantea una pregunta concreta: si parte de lo que pagan los argentinos cada vez que cargan combustible debe destinarse legalmente a las rutas, ¿por qué esos recursos no se reflejan en mejores condiciones de circulación?
Por ahora, la Justicia no resolvió el fondo de la cuestión ni determinó que exista una utilización ilegal del dinero. Sin embargo, el pedido de informes abre una instancia para esclarecer qué ocurrió con los recursos y si corresponde ordenar medidas para garantizar su aplicación.
Mientras tanto, los usuarios siguen circulando por caminos que necesitan respuestas mucho más rápidas que los tiempos de la burocracia.