El acuerdo salarial que el intendente Alcides Alderete anunció con ATE parece no haber alcanzado para calmar el malestar entre los trabajadores municipales. UPCN Entre Ríos anticipó que próximamente podría declarar el estado de asamblea en Sauce de Luna, reabriendo un conflicto que meses atrás ya había obligado al Ejecutivo a sentarse a negociar.
Como informó oportunamente Nuevo Día Federal, la última negociación salarial difundida por el Municipio contó únicamente con representantes de ATE y concluyó con un incremento que, para las categorías más bajas, representa apenas unos pocos miles de pesos mensuales.
La ausencia de UPCN no es un detalle menor. Se trata del mismo gremio que meses atrás logró torcerle el brazo a la administración Alderete cuando los trabajadores de Obras y Servicios Públicos iniciaron medidas de fuerza para reclamar algo tan elemental como la indumentaria necesaria para desempeñar sus tareas.
Aquel conflicto, que llegó a paralizar parcialmente los servicios municipales, terminó con compromisos del Ejecutivo relacionados con la entrega de ropa de trabajo, el mejoramiento de las condiciones laborales y la apertura de una mesa permanente de diálogo con el sindicato.
Sin embargo, las promesas de mantener una relación institucional más fluida y atender los reclamos de los trabajadores no parecen haberse traducido en una solución sostenida. El nuevo anuncio de UPCN vuelve a poner sobre la mesa los compromisos asumidos por Alderete y plantea interrogantes sobre su cumplimiento.
Cambios de lugar de trabajo y sospechas de discriminación sindical
A este escenario se suma una situación particularmente delicada. Algunos empleados municipales sostienen que los constantes cambios de sectores y lugares de trabajo podrían estar relacionados con su pertenencia o cercanía a UPCN, un sindicato que ha mantenido una posición más confrontativa con la gestión.
Se trata de señalamientos de trabajadores que merecen ser esclarecidos, ya que no existe información suficiente para afirmar que esos movimientos respondan efectivamente a motivos sindicales. Sin embargo, la reiteración de estas inquietudes obliga a preguntarse si las decisiones sobre el personal responden exclusivamente a necesidades del servicio o si también intervienen criterios ajenos a la organización administrativa.
La diferencia de trato que algunos trabajadores perciben entre el UPCN más díscolo y un ATE que aparece mucho más cercano a las posiciones del Ejecutivo alimenta esas sospechas.
Mientras tanto, los empleados municipales continúan percibiendo salarios básicos que, en las categorías iniciales, no alcanzan los $400.000, una realidad difícil de conciliar con el discurso oficial sobre los esfuerzos realizados para mejorar sus ingresos.
El problema ya no parece limitarse a cuánto cobran los trabajadores, sino también a cómo son escuchados, tratados y reconocidos por la administración municipal.
Por ahora, UPCN no anunció una medida de fuerza concreta, pero su advertencia sobre la posible declaración del estado de asamblea demuestra que el acuerdo celebrado por Alderete con ATE está lejos de representar un consenso entre los trabajadores municipales.
Y deja una pregunta incómoda para la gestión: ¿qué ocurrió con los compromisos asumidos cuando UPCN consiguió, mediante la protesta, que el Ejecutivo finalmente escuchara sus reclamos?