Juntos por Entre Ríos respaldó a la ministra Verónica Berisso y defendió la centralización de la alimentación escolar. Sin embargo, la adjudicación por más de 101 mil millones de pesos, las objeciones nutricionales de la Justicia y el impacto sobre los comercios locales mantienen abierto un debate que va mucho más allá de las diferencias partidarias.
El bloque de diputados de Juntos por Entre Ríos salió a respaldar públicamente a la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, luego de su presentación ante la Cámara de Diputados, donde debió brindar explicaciones sobre la controvertida contratación de la empresa Teknofood para abastecer de desayunos y meriendas a las escuelas entrerrianas.
En un comunicado, los legisladores oficialistas defendieron la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de reemplazar el sistema de compras descentralizadas por un mecanismo de contratación centralizada, argumentando que permitirá mejorar la calidad nutricional, garantizar controles y transparentar el destino de los recursos públicos.
Los objetivos planteados resultan razonables. Difícilmente alguien pueda oponerse a que los estudiantes reciban alimentos de mejor calidad, que los docentes sean liberados de tareas administrativas o que exista un seguimiento efectivo del dinero destinado a los comedores.
La discusión, sin embargo, no está centrada en esos objetivos, sino en si el mecanismo elegido por el Gobierno es realmente el más adecuado para alcanzarlos.
Una contratación de más de 101 mil millones de pesos
La licitación pública N.º 02/26 fue adjudicada a Teknofood S.A. mediante el Decreto 1983/2026, por un monto máximo estimado de $101.726.784.000 para los ciclos lectivos 2026 y 2027, con un precio de $1.600 por ración.
De ese importe unitario, según explicó el equipo de Berisso, $1.280 corresponden a los alimentos y $320 a logística y distribución. Es decir, el 20% del valor previsto se destina a llevar los productos hasta los establecimientos.
La contratación contempla 966 escuelas distribuidas en los 17 departamentos entrerrianos y una provisión estimada de 176.609 raciones diarias.
Aunque el oficialismo destaca que se trató de una licitación pública abierta, el procedimiento terminó con una sola oferta admitida. Se presentaron dos empresas, pero Comercializadora del Nordeste S.R.L. fue excluida por incumplimientos documentales y administrativos, según consta en el decreto de adjudicación.
Esta circunstancia no demuestra por sí misma una irregularidad, pero tampoco permite hablar de una competencia efectiva entre diferentes propuestas económicas al momento de adjudicar.
Además, el monto máximo adjudicado contrasta con los aproximadamente $42.670 millones previstos inicialmente en el llamado. El Gobierno explicó que se trata de estimaciones presupuestarias y que las órdenes de compra se emitirán según las necesidades reales. Aun así, la diferencia merece una explicación pública detallada que permita comparar correctamente los períodos, las cantidades y los costos contemplados.
La Justicia también puso bajo discusión la calidad de los alimentos
Uno de los aspectos más sensibles del conflicto es precisamente aquel que el oficialismo presenta como principal fundamento de la reforma: la calidad nutricional.
La contratación motivó una acción judicial promovida por familias, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y la Fundación CAUCE, que cuestionaron la incorporación de productos con sellos de advertencia nutricional a la alimentación escolar.
La Justicia dispuso medidas para impedir su distribución y, posteriormente, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos estableció que la obligación provincial no se limita a excluir productos con sellos, sino que también comprende el cumplimiento de los estándares de alimentación saludable fijados por la Ley Provincial 10.594.
El pronunciamiento no declaró inválida la licitación ni impidió al Gobierno elegir un sistema centralizado. Pero sí dejó en claro que cualquier modalidad de provisión debe respetar las exigencias nutricionales vigentes.
Durante su presentación, Berisso reconoció que todavía no se habían realizado desembolsos ni emitido órdenes de provisión a Teknofood. También anunció que el Gobierno trabaja en la reglamentación de la ley provincial de alimentación saludable y en la creación de una Coordinación Técnica Nutricional.
La situación deja una contradicción difícil de ignorar: una reforma presentada como garantía de mejores alimentos todavía debe resolver las objeciones nutricionales que impidieron su puesta en marcha.
¿Centralizar garantiza mayor transparencia?
En su defensa de la ministra, Juntos por Entre Ríos cuestionó las dificultades de fiscalización del sistema anterior, las diferencias de precios entre establecimientos y la sobrecarga administrativa que recaía sobre directivos y docentes.
Son problemas que merecen atención. De hecho, la necesidad de mejorar los mecanismos de control y aliviar las tareas administrativas de las escuelas difícilmente pueda ser discutida.
Pero la centralización no garantiza automáticamente mayor transparencia.
Concentrar las compras en una empresa puede simplificar determinados procedimientos administrativos, aunque también exige mecanismos rigurosos para verificar precios, cantidades, calidad, almacenamiento, distribución y cumplimiento contractual.
Del mismo modo, las irregularidades detectadas en algunas instituciones no necesariamente justifican eliminar por completo un sistema descentralizado. También corresponde evaluar si podían corregirse sus deficiencias mediante auditorías, herramientas digitales, mejores controles y criterios nutricionales comunes.
El propio Gobierno admite que controlar individualmente más de mil establecimientos resulta complejo. Sin embargo, esa dificultad no desaparece por contratar a un proveedor central: el Estado sigue siendo responsable de comprobar que cada escuela reciba efectivamente los productos y las cantidades correspondientes.
El impacto sobre los comercios entrerrianos
Otro punto que merece atención es el efecto económico de la decisión.
Durante años, el sistema descentralizado permitió que establecimientos educativos adquirieran alimentos en comercios de sus localidades. Aunque ese mecanismo presentaba diferencias de precios y dificultades administrativas, también contribuía a sostener la actividad comercial en distintas comunidades entrerrianas.
La contratación de Teknofood, una empresa radicada fuera de la provincia, modifica sustancialmente ese circuito.
Desde la oposición cuestionaron especialmente la pérdida de participación de los proveedores locales y plantearon la posibilidad de combinar controles centralizados con compras descentralizadas.
El Gobierno, por su parte, aseguró que la firma adjudicataria incorporará insumos de producción entrerriana y que el nuevo esquema facilitará la distribución.
Se trata de argumentos que deberán contrastarse con resultados concretos. Comprar determinados productos dentro de la provincia no necesariamente genera el mismo impacto económico que mantener una red de proveedores locales en cada departamento.
Dos lecturas de una misma exposición
Mientras Juntos por Entre Ríos consideró satisfactorias las explicaciones de Berisso, el bloque justicialista manifestó una evaluación muy diferente.
Su presidenta, Laura Stratta, cuestionó la razonabilidad económica de la contratación y las certezas sobre la calidad de los alimentos. La diputada Silvina Deccó también señaló que continuaban existiendo interrogantes sobre la distribución y la implementación efectiva del nuevo sistema.
La comparecencia de la ministra constituyó un ejercicio necesario de control legislativo, aunque no terminó con una votación ni con un consenso sobre la política impulsada.
Las diferencias políticas son legítimas. Lo que no debería ocurrir es que la discusión quede reducida a una defensa automática del Gobierno o a un rechazo partidario de sus decisiones.
Los comedores escolares atienden una necesidad esencial de miles de niños, niñas y adolescentes, muchos de los cuales dependen de la alimentación que reciben durante su jornada educativa.
Por eso, antes de celebrar una transformación como exitosa, resulta indispensable demostrar que los alimentos son adecuados, que los costos se encuentran justificados, que la distribución funciona y que los controles efectivamente se cumplen.
La transparencia no se garantiza solamente con una licitación pública, ni la calidad nutricional con un comunicado de respaldo político. Ambas deben demostrarse con documentación, controles independientes y resultados verificables.
En definitiva, el Gobierno provincial tiene derecho a modificar un sistema que considera deficiente. Pero también tiene la obligación de demostrar que el modelo elegido representa una mejora real.
Porque cuando se trata de la alimentación de los gurises entrerrianos, lo importante no es quién gana la discusión política, sino qué alimentos llegan finalmente a sus mesas.