Una deuda de menos de cinco millones terminó generando una obligación de más de catorce. El Ejecutivo responsabilizó a la gestión anterior, pero un antecedente similar, que provocó un embargo de más de nueve millones por el alquiler de carpas, vuelve a poner bajo la lupa las estrategias municipales para resolver conflictos y evitar gastos judiciales.
La Municipalidad de Sauce de Luna deberá afrontar una obligación de $14.278.533,77 tras perder un juicio por cobro de pesos iniciado por Francisco José Ramírez, propietario de una ferretería y corralón que proveía materiales al Estado municipal.
El gobierno de Alcides Alderete difundió un comunicado en el que responsabilizó a la administración anterior, encabezada por Pablo Soreira y Alicia Giles, por las consecuencias económicas del fallo.
Sin embargo, detrás de las responsabilidades por el origen de la deuda aparece una pregunta igualmente importante: ¿qué hizo la administración actual para impedir que un reclamo de $4.825.787 terminara costando casi tres veces más?
Una deuda heredada que terminó en los tribunales
El conflicto comenzó con obligaciones comerciales pendientes de la administración anterior. Según los antecedentes señalados sobre el caso, el proveedor había manifestado su intención de cobrar antes de iniciar acciones judiciales y las autoridades salientes habían reconocido la existencia de compromisos pendientes.
Al asumir en diciembre de 2023, la gestión de Alderete decidió no cancelar la totalidad de las sumas reclamadas.
Durante el proceso judicial, el Municipio reconoció una deuda de $1.396.045, pero cuestionó el resto de la facturación por presuntas deficiencias en la documentación respaldatoria.
Entre los comprobantes discutidos también figuraban facturas de 2024, cuando Alderete ya se encontraba al frente del Ejecutivo.
La instancia de mediación no logró resolver el desacuerdo y el proveedor presentó su demanda el 4 de junio de 2024.
Finalmente, el 26 de julio de 2026, el juez Omar Javier Ovando hizo lugar al reclamo. Con la actualización de intereses y la regulación de honorarios aprobada en septiembre, la obligación alcanzó los $14.278.533,77.
De ese total, $10.397.908,82 corresponden a capital e intereses, mientras que $3.880.624,95 representan honorarios profesionales y de mediación, sin incluir el eventual IVA.
La diferencia económica resulta significativa: el reclamo inicial terminó convertido en una obligación cercana al triple de su monto original.
Un antecedente que vuelve a poner la discusión sobre la mesa
El caso de Ramírez no constituye el único antecedente de obligaciones heredadas que terminaron generando importantes consecuencias judiciales para Sauce de Luna.
En abril de este mismo año, la Municipalidad informó que sus cuentas habían sido embargadas por $9.240.761,93, en el marco de un litigio iniciado por la firma E y P S.R.L.
La causa, identificada con el expediente N.º 37.380, tenía su origen en un contrato celebrado en enero de 2022 para el alquiler de carpas estructurales, stands, iluminación y baños químicos utilizados durante la Fiesta del Pan Casero.
Según explicó entonces el propio gobierno municipal, la obligación no había sido cancelada durante la gestión de Soreira ni registrada en la documentación de acreedores entregada al finalizar su mandato, Pero al igual que ahora no inicio denuncias por incumplimiento de los deberes hacia Soreira, lo que hace suponer más una estrategia comunicacional que una realidad.
El conflicto llegó a una instancia de ejecución de sentencia y honorarios, que derivó en el embargo de fondos municipales el 9 de abril de 2026.
En aquella oportunidad, el Ejecutivo volvió a señalar a las autoridades anteriores como responsables del perjuicio económico. El resultado permite identificar un antecedente relevante: otra obligación comercial anterior terminó convertida en una ejecución judicial contra las cuentas del Municipio.
Dos proveedores, dos conflictos originados en obligaciones pendientes y dos procedimientos judiciales con importantes consecuencias económicas para los recursos públicos.
La reiteración de estas situaciones vuelve necesario examinar no solamente cómo se originaron las deudas, sino también de qué manera fueron administradas después del cambio de gobierno.
Una sentencia de julio difundida recién en octubre
Otro aspecto que llama la atención es el momento elegido por el gobierno municipal para dar publicidad al resultado del juicio iniciado por Ramírez.
La sentencia se dictó el 26 de julio, la liquidación fue aprobada el 25 de septiembre y el Ejecutivo difundió el comunicado el 23 de octubre.
El tema, además, ya había sido mencionado públicamente por la concejala vecinalista María José Etcheverry, quien se refirió al proceso en Radio Plaza y otros medios, cuestionando la capacidad de la administración de Alderete para evitar que los desacuerdos y conflictos económicos municipales escalaran hasta convertirse en mayores costos para los vecinos.
La demora en la comunicación oficial podría esconder una intencionalidad política, resulta llamativo que la presentación pública del caso haya puesto el énfasis en las responsabilidades de la gestión anterior, sin acompañar una explicación detallada sobre las decisiones adoptadas durante los más de dos años que transcurrieron desde el inicio del conflicto.
Heredar una deuda no significa quedar exento de responsabilidad
Las administraciones salientes tienen la obligación de dejar cuentas claras, registrar sus compromisos y garantizar una transición ordenada.
Cuando esto no sucede, las consecuencias pueden extenderse durante años y afectar los presupuestos de quienes las suceden.
Pero los nuevos gobiernos también asumen responsabilidades sobre la administración de esos compromisos.
Revisar la legitimidad de una deuda, exigir documentación respaldatoria y defender judicialmente al Municipio son facultades propias del Ejecutivo. Lo que debe evaluarse es si esas decisiones fueron acompañadas por un análisis adecuado de sus riesgos y costos.
En el caso de Ramírez, transcurrieron más de dos años y medio entre la asunción de Alderete y el fallo judicial. Durante ese período existieron oportunidades para explorar acuerdos que evitaran o limitaran el crecimiento de la obligación.
No se conocen públicamente las propuestas concretas de negociación, por lo que no puede establecerse cuánto dinero hubiera podido ahorrarse. Sin embargo, el monto final obliga a examinar si la estrategia elegida resultó conveniente para el patrimonio municipal.
El antecedente de la empresa de carpas refuerza la necesidad de esa evaluación.
¿Buscar culpables o proteger los recursos públicos?
En sus comunicaciones sobre ambos conflictos, el gobierno de Alderete puso el acento en las responsabilidades de la administración anterior y en los recursos municipales afectados por las decisiones judiciales.
Es legítimo señalar las deficiencias de una gestión precedente. Pero esa explicación resulta incompleta si no se informa también qué acciones concretas se realizaron para evitar mayores perjuicios.
La responsabilidad por haber generado una deuda y la responsabilidad por haberla administrado posteriormente son cuestiones diferentes, aunque pueden coexistir.
En una localidad que enfrenta dificultades financieras, problemas de infraestructura y demandas permanentes de servicios, cada peso comprometido en intereses, honorarios y gastos judiciales representa recursos que dejan de estar disponibles para otras necesidades.
Por eso, más allá de las disputas partidarias, sería importante que la administración municipal explicara qué alternativas de solución se evaluaron en ambos casos y cuáles fueron los fundamentos para sostener los litigios hasta sus respectivas consecuencias judiciales.
La búsqueda de responsables políticos no debería reemplazar la obligación de encontrar soluciones administrativas.
Porque en Sauce de Luna, mientras las gestiones discuten quién dejó las deudas, los costos judiciales continúan recayendo sobre las mismas cuentas municipales.
Y, en definitiva, sobre los vecinos.