José Luis Bustamante, exfuncionario de la gestión de Gerardo Chapino, recibió una condena de dos años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La Justicia determinó que utilizó bienes y servicios municipales para realizar una obra particular. Además, deberá reparar económicamente el perjuicio ocasionado al Estado.
El Tribunal de Juicio y Apelaciones dio a conocer este martes 13 de octubre el veredicto contra José Luis Bustamante, quien se desempeñó como secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Federal durante la gestión del exintendente Gerardo Chapino.
La causa se inició en marzo de 2024, a partir de una denuncia presentada por la actual intendenta, Alicia Oviedo, luego de que un relevamiento administrativo detectara irregularidades en la utilización de recursos municipales.
La investigación se concentró en la ejecución de una conexión cloacal en una propiedad perteneciente al hijo del exfuncionario, realizada con recursos del Municipio y sin el correspondiente expediente administrativo que autorizara los trabajos.
El tribunal, integrado por los jueces Germán Dri, Pablo Garrera Allende y Aníbal Lafourcade, consideró acreditado el delito de peculado de bienes y servicios, una figura penal que sanciona la utilización indebida de recursos públicos por parte de quienes tienen la responsabilidad de administrarlos.
La condena establece dos años de prisión de ejecución condicional, por lo que Bustamante no deberá cumplir inicialmente la pena en una unidad penitenciaria. Sin embargo, se dispuso su inhabilitación absoluta perpetua y una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, además del cumplimiento de determinadas reglas de conducta.
También deberá reintegrar al Municipio el perjuicio económico ocasionado, calculado originalmente en $531.133,38 a marzo de 2024, con la correspondiente actualización. El pago deberá efectuarse dentro de los treinta días de su notificación.
No obstante, el exfuncionario fue absuelto de la acusación por incumplimiento de los deberes de funcionario público y de un segundo hecho de peculado relacionado con la colocación de tubos de alcantarilla. Los fundamentos completos de la sentencia se conocerán el próximo 21 de octubre, y la defensa podrá recurrir la condena.
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Un fallo que pone bajo la lupa el uso de los recursos públicos
Más allá del monto económico involucrado, la resolución judicial adquiere relevancia por el principio que establece: los bienes, las maquinarias, el personal y los servicios municipales pertenecen a la comunidad y no pueden ser utilizados discrecionalmente para resolver necesidades particulares de los funcionarios o sus familiares.
La intendenta Alicia Oviedo celebró públicamente la decisión judicial y recordó que fue su administración la que impulsó la denuncia. Bajo la consigna «Nadie está por encima de la ley», sostuvo que ocupar un cargo público implica responsabilidades y no privilegios.
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El caso también invita a reflexionar sobre la importancia de los controles administrativos, la documentación de las obras públicas y la responsabilidad de quienes tienen a su cargo el manejo de los recursos municipales.
En comunidades donde las necesidades de infraestructura y servicios son permanentes, cada maquinaria, cada hora de trabajo y cada peso del presupuesto deberían estar destinados a satisfacer necesidades colectivas, bajo procedimientos transparentes y verificables.
La condena de Bustamante constituye un antecedente judicial relevante para los municipios entrerrianos: demuestra que la utilización de recursos públicos con fines particulares puede generar responsabilidad penal, incluso cuando el perjuicio económico no representa una suma millonaria.
Porque la gravedad de una irregularidad administrativa no se mide únicamente por el dinero involucrado, sino también por el abuso de la confianza pública que puede representar.
La sentencia todavía podrá ser revisada por instancias superiores, pero el veredicto conocido esta semana deja planteada una cuestión fundamental para cualquier administración municipal: los recursos del Estado no son patrimonio personal de quienes gobiernan, sino bienes que deben administrarse en beneficio de todos los vecinos.