El Gobierno de Rogelio Frigerio presentó un proyecto de más de 8,6 billones de pesos que promete fortalecer la infraestructura y sostener el equilibrio fiscal. Sin embargo, el análisis de las cifras oficiales revela que los gastos corrientes seguirán absorbiendo la mayor parte del presupuesto. Salarios, jubilaciones, servicios, coparticipación y obras públicas concentran el debate sobre las prioridades provinciales para el próximo año.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos continúa analizando el proyecto de Presupuesto General para 2027, presentado por el Poder Ejecutivo provincial el pasado 15 de octubre. La iniciativa contempla gastos por 8.668.504 millones de pesos, con una distribución que vuelve a poner sobre la mesa una pregunta central: ¿cuánto dinero necesita el Estado para funcionar y cuánto queda disponible para mejorar la infraestructura y los servicios que reciben los ciudadanos?
El Gobierno provincial sostiene que el presupuesto consolida el ordenamiento de las cuentas públicas y permite recuperar capacidad de inversión. Sin embargo, detrás de las cifras globales aparecen desafíos vinculados con la recuperación salarial, el funcionamiento de hospitales y escuelas, el mantenimiento de rutas y las necesidades de los municipios.
Casi nueve de cada diez pesos se destinarán a gastos corrientes
De acuerdo con la información publicada por la Oficina Provincial de Presupuesto, el 89,56% de las erogaciones previstas para 2027 corresponde a gastos corrientes, mientras que el 10,44% restante se destinará a gastos de capital.
Dentro de los gastos corrientes, la partida más importante es la destinada al personal, con aproximadamente 3,68 billones de pesos. Esta cifra representa el 42,41% del presupuesto total e incluye remuneraciones, contribuciones patronales y otros conceptos vinculados con los trabajadores estatales, además de los aportes previstos para docentes de establecimientos privados.
A ello se suman 1,62 billones de pesos para jubilaciones y pensiones, 1,06 billones para bienes y servicios y 885.219 millones para la coparticipación a municipios y comunas.
Estas cifras permiten dimensionar el peso que tiene el funcionamiento cotidiano del Estado sobre las finanzas provinciales. No obstante, debe considerarse que buena parte de estos recursos sostienen servicios esenciales: educación, seguridad, salud, administración de justicia y prestaciones sociales.
El interrogante no pasa solamente por cuánto gasta el Estado, sino también por la eficiencia con la que utiliza esos recursos y la calidad de los servicios que efectivamente brinda.
La obra pública gana participación, pero sigue representando una porción reducida
Uno de los principales argumentos del Gobierno de Frigerio es el incremento de los recursos previstos para infraestructura.
El proyecto contempla 905.394 millones de pesos en gastos de capital, equivalentes al 10,44% del presupuesto general.
De ese monto, aproximadamente 457.909 millones se orientarán a rutas y caminos, que concentrarán más de la mitad de la inversión pública proyectada.
También se contemplan partidas para vivienda y urbanización, saneamiento ambiental, infraestructura educativa, salud, energía y seguridad.
El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, explicó durante su exposición legislativa que se prevé distribuir las inversiones entre un 55% para obras nuevas y un 45% para proyectos que ya están en ejecución.
La propuesta representa una señal de mayor prioridad presupuestaria para la infraestructura. Sin embargo, la asignación de fondos no garantiza por sí sola su ejecución.
En una provincia donde el estado de las rutas, las necesidades edilicias de las escuelas y las deficiencias de infraestructura sanitaria forman parte de reclamos recurrentes, el desafío será transformar las previsiones presupuestarias en obras concretas.
Salarios y servicios esenciales: la discusión pendiente
El presupuesto también deberá analizarse en un contexto de reclamos salariales de distintos sectores estatales.
Los docentes, por ejemplo, vienen manifestando su preocupación por la pérdida del poder adquisitivo y tienen prevista una nueva instancia de negociación paritaria para el 10 de noviembre.
En ese escenario, el incremento nominal de la partida de personal no permite asegurar que los salarios mejorarán en términos reales.
Para determinarlo será necesario considerar la inflación, la evolución de las plantas de personal, los aportes patronales y los acuerdos salariales que finalmente se alcancen.
Una situación similar se presenta en salud. Los recursos asignados al funcionamiento del sistema deberán traducirse en prestaciones efectivas, abastecimiento de insumos, infraestructura y condiciones laborales adecuadas.
El equilibrio de las cuentas públicas constituye un objetivo relevante, pero su sostenibilidad también depende de que los servicios esenciales funcionen y puedan responder a las necesidades de la población.
Los municipios también dependen de estas decisiones
Otro capítulo importante es la coparticipación provincial.
Para 2027 se proyectan aproximadamente 885.219 millones de pesos destinados a municipios y comunas, frente a los 672.157 millones contemplados originalmente para 2026.
El incremento nominal ronda el 31,7%, aunque su impacto real dependerá de la inflación y de la evolución efectiva de la recaudación.
Para localidades como Federal, Sauce de Luna y Conscripto Bernardi, estos recursos resultan fundamentales para sostener servicios públicos, afrontar obligaciones salariales y financiar inversiones.
Por eso, además de analizar el presupuesto provincial, será importante observar cómo evolucionan las transferencias y qué obras concretas se incluyen para el departamento Federal.
La distribución territorial de la inversión merece especial atención: no alcanza con anunciar importantes partidas para rutas, escuelas o saneamiento si después las localidades del interior quedan relegadas en la ejecución.
¿Cuánto crece realmente el presupuesto?
La comparación de los proyectos también requiere una lectura cuidadosa.
El presupuesto original de 2026 contemplaba aproximadamente 6,45 billones de pesos, mientras que el proyecto de 2027 prevé 8,67 billones.
Comparando ambas cifras originales, el incremento nominal es del 34,5%.
En tanto, los gastos de capital pasan de aproximadamente 548.917 millones a 905.394 millones, un aumento del 64,9%.
Estos porcentajes difieren de los incrementos del 23,8% para el presupuesto total y del 77,3% para la inversión mencionados en las presentaciones gubernamentales. Para establecer una comparación homogénea es necesario identificar qué base presupuestaria de 2026 se utilizó en cada caso, especialmente si se consideran modificaciones posteriores a la aprobación original.
La diferencia no es menor: comparar cifras iniciales con presupuestos actualizados puede modificar significativamente la interpretación de los aumentos.
El debate legislativo y las preguntas que quedan abiertas
Este martes 3 de noviembre, la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Cuentas de la Cámara de Diputados tenía previsto continuar el tratamiento del proyecto, con la participación de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Humano y del Consejo General de Educación.
El análisis legislativo será determinante para conocer el alcance de las partidas destinadas a alimentación, políticas sociales, infraestructura escolar y otros programas.
La oposición también ha planteado cuestionamientos durante las instancias previas de debate, mientras que el oficialismo defiende la orientación del proyecto hacia el equilibrio fiscal y la inversión.
Más allá de las posiciones políticas, hay preguntas que merecen respuestas precisas: cuánto del presupuesto se destinará a mejorar los salarios, qué obras tienen financiamiento asegurado, cómo se distribuirá territorialmente la inversión y qué mecanismos permitirán controlar su ejecución.
El proyecto también contempla la utilización de financiamiento y endeudamiento, otro aspecto que requiere seguimiento por sus consecuencias sobre los ejercicios futuros.
Un presupuesto se mide por sus resultados
El Presupuesto 2027 presenta una mayor participación de la inversión pública respecto del ejercicio anterior y mantiene una fuerte concentración de recursos en el funcionamiento del Estado.
Ninguna de esas características, por sí sola, determina que la administración sea eficiente o ineficiente.
La verdadera evaluación deberá realizarse cuando las cifras puedan contrastarse con resultados: rutas transitables, escuelas en condiciones, hospitales que funcionen, trabajadores con remuneraciones sostenibles y municipios capaces de prestar servicios adecuados.
Porque un presupuesto puede mostrar equilibrio en los papeles, pero la eficiencia de una gestión también se mide en la realidad cotidiana de los entrerrianos.