El intendente de Sauce de Luna recurrió a decretos dictados por la Municipalidad de Paraná en 2020 para respaldar una modificación millonaria del presupuesto sin intervención del Concejo Deliberante. Sin embargo, el análisis de esos antecedentes revela diferencias fundamentales que ponen en cuestión la justificación utilizada por el Ejecutivo.
Una nueva controversia institucional envuelve a la gestión del intendente Alcides Alderete. Mediante el Decreto N.º 091/2026, firmado en septiembre, el presidente municipal dispuso ampliar el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos en $971.969.209,92, sin solicitar la autorización del Concejo Deliberante.
Para fundamentar su decisión, Alderete invocó la Ley Provincial N.º 10.027 y citó como antecedentes los decretos N.º 01/2020 y N.º 531/2020, dictados por la Municipalidad de Paraná.
Pero ¿realmente esos decretos habilitan a un intendente a aumentar unilateralmente el presupuesto municipal?
La respuesta encuentra un obstáculo importante en el propio contenido de los antecedentes.
El Decreto N.º 01/2020 de Paraná dispuso la reconducción presupuestaria, un procedimiento previsto para garantizar el funcionamiento de la administración cuando todavía no se cuenta con un nuevo presupuesto aprobado.
Por su parte, el Decreto N.º 531/2020, del 20 de abril de aquel año, respondió a una solicitud del propio Concejo Deliberante de Paraná, mediante el expediente N.º 6.412/2020. Se trató de una redistribución interna de partidas por $4.500.000, que no modificó el monto total asignado a esa jurisdicción.
Es decir, Paraná redistribuyó fondos que ya estaban presupuestados; Alderete pretende incorporar casi $972 millones adicionales y autorizar nuevos gastos mediante su propia firma.
La diferencia es sustancial y no puede reducirse a una simple cuestión administrativa.
Además, los decretos paranaenses corresponden a 2020, un año atravesado por la emergencia sanitaria de la pandemia, aunque esa circunstancia tampoco constituye por sí misma una autorización para desconocer las competencias del Concejo.
¿Qué establece la ley?
La Ley Orgánica de Municipios de Entre Ríos, N.º 10.027, es clara al distribuir las responsabilidades presupuestarias.
El artículo 144 establece que el presupuesto debe aprobarse mediante ordenanza. El artículo 147 atribuye al Concejo Deliberante la posibilidad de autorizar créditos suplementarios, mientras que el artículo 155 limita las transferencias de partidas que puede efectuar el Ejecutivo sin aprobación legislativa.
Si bien el intendente tiene la iniciativa para proponer modificaciones presupuestarias, tener la iniciativa no significa tener la facultad de aprobarlas unilateralmente.
A esto se suma otro aspecto preocupante: la versión difundida del Decreto N.º 091/2026 no incluye los anexos que deberían explicar cómo se distribuyen los casi $972 millones, e incluso presenta un salto en la numeración de sus artículos.
En consecuencia, no puede conocerse mediante esa publicación cuáles son las partidas beneficiadas, qué recursos respaldan la ampliación y qué gastos se pretende financiar.
El contexto tampoco es menor. Durante 2026, el Concejo Deliberante sancionó un presupuesto que posteriormente fue vetado por Alderete. Ahora, mientras el Ejecutivo sostiene que administra un presupuesto reconducido, pretende introducir una ampliación millonaria sin intervención legislativa.
Mucho más que una discusión de números
Lo que está en juego no es solamente una diferencia de interpretación jurídica.
El presupuesto municipal determina cuánto dinero puede gastar el gobierno y en qué prioridades: calles, alumbrado, servicios públicos, salarios, asistencia social y obras.
Permitir que un intendente aumente unilateralmente las autorizaciones de gasto, sin los controles correspondientes, sentaría un precedente institucional peligroso.
La reconducción presupuestaria es una herramienta para asegurar la continuidad administrativa, no un mecanismo para sustituir indefinidamente las decisiones del órgano legislativo.
En un municipio que ya atraviesa un profundo conflicto entre sus poderes, la controversia exige explicaciones, documentación completa y un análisis de los organismos de control.
Porque el problema no es que Sauce de Luna disponga de mayores recursos. El problema es quién autoriza su utilización, quién decide su destino y quién controla cómo se gastan.
Los antecedentes de otros municipios no pueden reemplazar las disposiciones de la ley. Y gobernar por decreto no puede convertirse en una alternativa al debate democrático.