El presidente paraguayo presentó su renuncia este jueves 5 de noviembre, en medio de protestas, denuncias por el manejo de fondos públicos y la amenaza de un juicio político. Su propio partido le había retirado el respaldo.
Paraguay atraviesa una de las crisis políticas y financieras más importantes de los últimos años. El presidente Santiago Peña anunció su renuncia luego del colapso de Ueno Bank, una entidad bancaria que tenía casi tres millones de clientes y administraba importantes recursos del Estado.
¿Cómo comenzó el escándalo?
El Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank después de detectar graves problemas financieros que comprometían su solvencia. Como consecuencia, millones de usuarios quedaron sin poder acceder a sus cuentas, lo que provocó preocupación, indignación y manifestaciones en las calles.
La situación se agravó cuando comenzaron a cuestionarse los vínculos del presidente con la entidad. Peña había sido accionista de un grupo empresarial relacionado con el banco hasta 2025.
Además, Ueno Bank administraba cerca de 850 millones de dólares provenientes de organismos públicos, incluidos fondos destinados a jubilaciones y prestaciones sociales.
Esto abrió serios interrogantes sobre las decisiones del Gobierno, los controles financieros y el destino del dinero de los trabajadores paraguayos.
La crisis financiera se convirtió en política
Mientras miles de ciudadanos reclamaban recuperar sus ahorros, la oposición impulsó un juicio político contra Peña por presuntos conflictos de intereses y responsabilidades en el manejo de fondos públicos.
El golpe definitivo llegó cuando el Partido Colorado, al que pertenece el mandatario, también le retiró su respaldo. Incluso el expresidente Horacio Cartes, uno de sus principales referentes políticos, apoyó el proceso de destitución.
Ante este escenario, Peña anunció su renuncia mediante un mensaje público, argumentando que buscaba preservar la estabilidad institucional y la paz social.
¿Qué sucederá ahora?
La renuncia debe completar su tratamiento institucional y el vicepresidente Pedro Alliana es quien deberá asumir la Presidencia para finalizar el mandato previsto hasta agosto de 2028.
Mientras tanto, la Justicia investiga las presuntas irregularidades financieras y las responsabilidades de los directivos bancarios. Las acusaciones contra Peña todavía no constituyen delitos judicialmente comprobados.
La salida del presidente no resuelve el problema de fondo: millones de paraguayos esperan recuperar el acceso a sus ahorros y conocer qué ocurrió con los fondos públicos.
El caso deja una pregunta que trasciende las fronteras de Paraguay: quién controla el dinero de los ciudadanos cuando los intereses políticos, empresariales y financieros se entrecruzan.