El caso de la maestra rural desaparecida en Corrientes conmueve al país, pero también obliga a mirar una realidad que suele permanecer invisible: los riesgos que enfrentan quienes enseñan, las condiciones precarias en las que trabajan y el creciente desprestigio de una profesión que, mientras se empobrece, sigue sosteniendo buena parte de la educación pública argentina.
Nancy Estela Godoy tiene 52 años, es docente y directora suplente de la Escuela Rural N.º 626 del paraje El Malezal, en Corrientes. El 6 de octubre salió de su casa para cumplir con su trabajo, como tantas otras veces. Su familia tuvo el último contacto con ella al día siguiente. Desde entonces, permanece desaparecida.
La investigación judicial dio un giro alarmante este jueves 22 de octubre. Cinco personas se encuentran detenidas y la Fiscalía investiga un posible femicidio. Entre los sospechosos está el capataz de la estancia donde funciona la escuela. Hasta el momento, Nancy no fue encontrada y las responsabilidades penales todavía deben determinarse.
Pero detrás de la conmoción por su desaparición existe otra historia que merece ser contada: la de una docente que recorría caminos prácticamente inaccesibles, atravesaba campos a caballo y permanecía durante días lejos de su familia para garantizar que un puñado de niños pudiera asistir a la escuela.
Enseñar en condiciones que nadie debería naturalizar
Antes de desaparecer, Nancy había dejado constancia escrita del estado de abandono de la escuela donde trabajaba. En una carta fechada el 15 de agosto describió instalaciones sucias, presencia de insectos, problemas sanitarios y falta de agua potable.
También trascendió que había solicitado formalmente la intervención de las autoridades educativas para que se evaluaran las condiciones del establecimiento.
Su situación expone una realidad conocida por miles de docentes rurales: largas distancias, aislamiento, caminos deteriorados, edificios deficientes y dificultades para acceder a servicios básicos.
Durante décadas, estas experiencias fueron presentadas como ejemplos admirables de vocación y sacrificio. Y ciertamente hay vocación, compromiso y una enorme entrega. Pero la vocación no puede convertirse en la excusa para justificar la precariedad ni el abandono del Estado.
Ningún trabajador debería poner en riesgo su integridad para cumplir con sus responsabilidades.
Una profesión que se empobrece mientras se la desprestigia
El caso de Nancy también aparece en un contexto nacional de creciente deterioro de las condiciones laborales docentes.
El 21 de octubre, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) presentó una encuesta realizada a 3.365 docentes de todo el país, que advierte sobre el deterioro salarial, la sobrecarga de tareas, la extensión de las jornadas laborales y sus consecuencias sobre la salud física y mental.
A estas dificultades se suma un fenómeno igualmente preocupante: la desvalorización social de quienes enseñan.
En buena parte del debate público, los docentes aparecen cuestionados por sus reclamos salariales, sus medidas de fuerza o sus supuestos privilegios. Se habla de vacaciones, ausentismo y resultados educativos, pero bastante menos de las horas de trabajo que continúan en los hogares, los gastos que muchas veces afrontan de sus propios bolsillos y las condiciones en las que deben sostener las escuelas.
Resulta contradictorio exigir una educación de calidad mientras se deterioran los salarios, se desfinancian las condiciones de enseñanza y se debilita el reconocimiento social de quienes tienen la responsabilidad de educar.
La escuela no puede sostenerse solamente con sacrificios
La desaparición de Nancy debe investigarse hasta esclarecer qué ocurrió. Sería irresponsable atribuirla directamente a las condiciones laborales o al desprestigio docente sin pruebas que establezcan esa relación. Pero el caso sí permite visibilizar situaciones de vulnerabilidad que merecen respuestas urgentes.
El Estado tiene la responsabilidad de garantizar establecimientos seguros, condiciones dignas de trabajo, sistemas de comunicación, accesibilidad y protocolos de protección para quienes cumplen tareas en lugares aislados.
También debe recuperar una idea elemental: los docentes son trabajadores con derechos, no héroes obligados a soportarlo todo en nombre de su vocación.
Hoy la preocupación más urgente es encontrar a Nancy y conocer la verdad. Pero sería un error que, una vez pasada la conmoción, todo volviera a la normalidad.
Porque una sociedad que necesita de sus docentes para construir el futuro no puede acostumbrarse a que enseñar signifique empobrecerse, soportar el desprestigio o trabajar en condiciones de desprotección.
La vocación de enseñar merece reconocimiento. Y ese reconocimiento debe expresarse en salarios dignos, escuelas seguras, protección efectiva y respeto.
No alcanza con llamar héroes a los docentes cuando ocurre una tragedia. Hay que garantizarles condiciones dignas mientras están trabajando.