La concejal de Sauce de Luna, María José Etcheverry, cuestiona una ejecución de honorarios que derivó en un embargo sobre su salario docente por más de tres millones de pesos. Años atrás declaró como testigo en una investigación interna del Poder Judicial relacionada con el mismo juez que actualmente interviene en su causa. La edil teme que exista animosidad personal y reclama garantías de imparcialidad.
Un reclamo judicial iniciado por el pago tardío de dietas municipales terminó convirtiéndose en una situación económica y judicial compleja para la concejal de oposición María José Etcheverry, quien enfrenta una orden de embargo sobre sus haberes docentes por un total de $3.027.127,80.
La medida fue dispuesta el pasado 3 de noviembre por el juez de Paz de Sauce de Luna, Julio Gustavo Rein, en el marco de una ejecución de honorarios derivada de un amparo presentado contra la Municipalidad.
Pero existe un antecedente que, según la concejal, merece especial atención: años atrás fue convocada a prestar declaración testimonial en una investigación interna del Poder Judicial relacionada con denuncias formuladas contra el mismo magistrado.
Una declaración testimonial que vuelve a cobrar relevancia
Entre 2020 y 2021, Etcheverry se desempeñó transitoriamente en el área de Género de la Municipalidad de Sauce de Luna. En ese contexto tomó conocimiento de situaciones denunciadas vinculadas con presuntas actuaciones irregulares del Juez Rein en casos de violencia de género.
La concejal asegura que presenció algunas de esas situaciones y que, posteriormente, fue convocada como testigo en una investigación interna del Poder Judicial.
Su declaración fue recibida en sede policial, como parte de las actuaciones que se tramitaban dentro de la estructura judicial entrerriana.
La existencia de actuaciones de investigación e inspección sobre el Juzgado de Paz de Sauce de Luna consta en los Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos N.º 20/21 y 21/21, de junio y julio de 2021.
Etcheverry sostiene que desconoce las conclusiones definitivas de aquella investigación ya que no son públicas.
Sin embargo, considera que su participación como testigo constituye un antecedente que debería ser tenido en cuenta al analizar la intervención posterior del magistrado en causas que la involucran.
“Yo fui convocada por el propio Poder Judicial para declarar sobre hechos que había conocido en el ejercicio de mis funciones. Cumplí con esa obligación y hoy me encuentro frente al mismo juez, que interviene en un proceso que afecta directamente mis ingresos. No puedo dejar de preguntarme si existe una animosidad personal que pueda comprometer la imparcialidad de sus decisiones”, plantea la concejal.
La situación no es nueva. En mayo de 2026, Etcheverry, a través de su representación letrada, presentó una recusación con causa contra Rein, cuestionando su intervención en la ejecución de honorarios.
El planteo fue rechazado mediante una resolución del 22 de mayo, en la que el magistrado consideró que no se habían acreditado circunstancias objetivas, concretas y actuales suficientes para apartarlo.
La concejal cuestiona tanto el rechazo como la continuidad de las actuaciones, especialmente a la luz de sus antecedentes como testigo en una investigación vinculada al funcionario judicial.
Aunque la declaración testimonial no demuestra por sí misma la existencia de enemistad o represalias, Etcheverry entiende que se trata de una circunstancia que merece una evaluación institucional independiente.
De reclamar sus dietas a sufrir un embargo sobre su sueldo docente
El origen del conflicto económico se encuentra en un amparo presentado por la concejal contra la Municipalidad de Sauce de Luna, debido a demoras en el pago de sus dietas.
El municipio efectuó el pago reclamado durante el proceso y la cuestión principal fue declarada abstracta. Sin embargo, las discusiones vinculadas con las costas judiciales continuaron y derivaron en una ejecución de honorarios.
El 3 de noviembre, el juez Rein ordenó librar un embargo sobre los haberes que Etcheverry percibe como docente, por los siguientes conceptos:
- $1.527.127,80 correspondientes al capital reclamado en concepto de honorarios.
- $1.500.000 adicionales presupuestados provisoriamente para intereses, gastos y costas.
La suma total prevista para el embargo asciende a $3.027.127,80.
Uno de los aspectos que más cuestiona la concejal es que la previsión por gastos, intereses y costas, inicialmente fijada en $500.000, fue elevada posteriormente a $1.500.000.
Es decir, el monto estimado para esos conceptos se triplicó y quedó prácticamente equiparado con el capital reclamado.
Etcheverry considera necesario que se expliquen los fundamentos de semejante incremento y su proporcionalidad, teniendo en cuenta que los usos y costumbres de la justicia entrerriana indican que los intereses y costas de estos casos rondan en el 30%
El reclamo político y sus consecuencias personales
La concejal plantea además una contradicción que considera especialmente grave: mientras la Municipalidad continúa abonando sus dietas fuera de término, el embargo judicial recae sobre el salario que percibe por su trabajo como profesora.
Según explica, esta situación termina desalentando cualquier nuevo reclamo judicial contra el municipio.
“Si reclamo porque no me pagan, la Municipalidad termina pagando cuando ya inicié el juicio y después tengo que afrontar consecuencias económicas mayores. Si no reclamo, acepto que me paguen cuando quieran. Y ahora, además, el embargo no recae sobre las dietas que motivaron el conflicto, sino sobre mi sueldo docente, que cobro por mi trabajo todos los meses”, sostiene.
Para Etcheverry, el problema trasciende su situación personal y abre una discusión sobre el acceso efectivo a la Justicia de quienes ejercen funciones de oposición política en localidades pequeñas.
Un pedido de revisión institucional
La concejal busca que los organismos competentes del Poder Judicial evalúen las circunstancias de su caso, particularmente los antecedentes de su participación testimonial, la recusación rechazada y la razonabilidad de las sumas previstas para el embargo.
No afirma que exista una represalia judicial demostrada, pero considera que los hechos justifican solicitar una revisión de la actuación del magistrado.
La situación deja planteados interrogantes que merecen respuestas: ¿qué garantías tiene una persona que declaró como testigo en una investigación relacionada con un magistrado cuando posteriormente debe litigar ante él? ¿Cómo se evalúa la apariencia de imparcialidad en estos casos? ¿Qué controles existen sobre las previsiones de intereses y costas que pueden afectar gravemente los ingresos de un trabajador?
La independencia judicial no se limita a que las decisiones sean legalmente fundadas. También requiere que los ciudadanos puedan confiar en que sus conflictos serán resueltos sin condicionamientos personales.
En un Estado de derecho, declarar como testigo ante la Justicia no debería convertirse en motivo de temor cuando, años después, esa misma persona necesita recurrir a un tribunal.