El bloque radical presentó un proyecto para erradicar los depósitos irregulares de residuos en las antiguas lagunas decantadoras. Samanta Irurzun aseguró contar con filmaciones de camiones municipales, mientras Maximiliano Luna responsabilizó a particulares. En la misma sesión, la concejal peronista protagonizó otro enfrentamiento con el viceintendente Lucas Noya. Entre reclamos ambientales, acusaciones y posicionamientos, la política federalense comienza a mostrar sus movimientos de cara a 2027.
Federal, 31 de octubre de 2026.
La presencia de microbasurales en el predio de las antiguas lagunas decantadoras cloacales de Federal volvió a ocupar un lugar en el Concejo Deliberante. Lo que comenzó como un reclamo ambiental terminó exponiendo diferencias entre el oficialismo radical y la oposición justicialista, en una sesión que también estuvo marcada por un fuerte intercambio entre la concejal Samanta Irurzun y el viceintendente Lucas Noya.
El episodio se produce cuando, a poco más de un año de las elecciones de 2027, los distintos sectores políticos empiezan a fortalecer sus posiciones y algunas figuras buscan ampliar su protagonismo público.
Sin embargo, detrás de las disputas aparece una realidad sobre la que prácticamente no existen diferencias: los microbasurales están presentes y requieren una solución.
Durante la sesión ordinaria del miércoles 28 de octubre, el bloque Juntos por Entre Ríos, de la UCR, presentó un proyecto de resolución solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal que adopte medidas para erradicar los depósitos irregulares detectados en el predio de las ex lagunas decantadoras, ubicado sobre la Ruta Provincial N.º 5.
La iniciativa reconoce que el municipio utiliza actualmente ese espacio, fuera de servicio para su función cloacal original, como lugar de acopio de residuos verdes, entre ellos ramas, pasto y follaje.
También admite que, en años anteriores, el sector fue utilizado como basural a cielo abierto y que actualmente se observan nuevos focos de acumulación de residuos.
El proyecto solicita la eliminación de esos depósitos y la implementación de controles para evitar el ingreso de personas ajenas al personal municipal.
No obstante, al atribuir su origen a prácticas de particulares, abrió una discusión sobre las responsabilidades.
¿Quién arroja los residuos?
El presidente del bloque radical, Maximiliano Luna, cuestionó las declaraciones públicas de la concejal justicialista Samanta Irurzun, quien había denunciado la situación ambiental y señalado la presunta participación de vehículos municipales.
Luna rechazó esa interpretación. Afirmó que había observado a particulares depositando residuos en lugares no habilitados y sostuvo que nunca había presenciado una descarga irregular realizada por camiones municipales.
Irurzun, por su parte, respondió que había realizado un seguimiento de la situación durante varios meses y aseguró contar con una filmación en la que, según su interpretación, se observa a vehículos del municipio depositando basura.
Las declaraciones dejaron planteadas dos versiones diferentes.
La información pública disponible no permite determinar de manera concluyente quiénes realizaron las descargas cuestionadas. Para establecerlo sería necesario examinar las filmaciones, identificar los vehículos, verificar el material transportado y conocer las condiciones de funcionamiento del predio.
Pero existe una cuestión que excede esa controversia: independientemente de quién arroje los residuos, el municipio tiene la responsabilidad de controlar el espacio, organizar su utilización y prevenir la formación de nuevos basurales.
Un problema que ya se discutía en 2020
La situación no es nueva.
En octubre de 2020, durante la administración del entonces intendente Gerardo Chapino, concejales de Cambiemos presentaron un pedido de informes sobre la recolección, el tratamiento y la disposición final de residuos en Federal.
En aquel momento, desde la oposición se advertía sobre la proliferación de microbasurales y se reclamaban explicaciones acerca del funcionamiento de la planta de tratamiento.
Un mes después, dirigentes de la Unión Cívica Radical volvieron a cuestionar públicamente la gestión municipal de residuos y mencionaron, entre los lugares afectados, la zona de las lagunas decantadoras.
Seis años más tarde, con una administración radical al frente del municipio, la problemática vuelve a ser reconocida mediante una iniciativa legislativa.
El antecedente demuestra que los reclamos ambientales han atravesado distintas gestiones y que su solución continúa siendo una deuda pendiente.
A esto se suma un episodio reciente: el 14 de abril de 2026, la propia Municipalidad de Federal reconoció que un incendio ocurrido en la zona de las lagunas decantadoras había provocado daños ambientales y una importante presencia de humo que afectó a vecinos y visitantes.
Un Concejo cada vez más atravesado por la disputa política
La discusión ambiental no fue el único momento de tensión de la sesión.
Antes del tratamiento de los asuntos del orden del día, el viceintendente y presidente del Concejo Deliberante, Lucas Noya, salió al cruce de declaraciones que Irurzun había realizado en Radio Integración, donde calificó al cuerpo legislativo como una escribanía del Departamento Ejecutivo.
Noya cuestionó esa caracterización y, en una réplica de tono político, planteó por qué la concejal continuaba integrando una institución cuyo funcionamiento criticaba tan duramente, llegando a invitarla a dejar su banca.
Irurzun defendió sus expresiones y sostuvo que determinadas actuaciones del bloque oficialista justificaban sus cuestionamientos.
El episodio no quedó limitado al recinto. Posteriormente, el Consejo Departamental del Partido Justicialista difundió un comunicado de respaldo a la concejal, cuestionó la reacción de Noya y reclamó que los criterios éticos y de transparencia se apliquen por igual a todos los representantes.
La controversia reflejó un clima político que empieza a intensificarse a medida que se acerca el calendario electoral.
Por un lado, el oficialismo radical procura defender su gestión y responder a las críticas que recibe desde el Concejo. Por otro, el justicialismo atraviesa un período de reacomodamiento en el que comienzan a perfilarse posibles aspirantes a disputar la conducción municipal.
En ese escenario, la creciente exposición mediática de Samanta Irurzun adquiere una dimensión política.
No se trata de una interpretación desligada de sus propias declaraciones. En una entrevista radial difundida durante octubre, Irurzun reconoció que le gustaría ser precandidata a la intendencia, aunque aclaró que cualquier definición dependerá de los acuerdos internos y que el panorama podría comenzar a resolverse en diciembre: Mientras tanto aprovecha el conflicto para posicionar su imagen, hasta ahora poco conocida.
Los posicionamientos públicos adquieren otro significado cuando los partidos comienzan a preparar sus estrategias para 2027.
De este modo, las intervenciones de una dirigente que busca ganar proyección pública coinciden con la etapa previa a la definición de candidaturas dentro del justicialismo federalense.
El oficialismo también participa de esa dinámica: sus respuestas institucionales, la defensa de la gestión y la confrontación con las críticas de la oposición forman parte de la disputa por la opinión pública.
Mientras tanto, siguen pendientes las respuestas sobre las condiciones de funcionamiento del predio, los controles de ingreso, el destino de los residuos y las medidas necesarias para impedir que continúe la formación de microbasurales.
Determinar quién arrojó los residuos requiere pruebas. Erradicar los microbasurales requiere decisiones.
Y esa es, finalmente, la diferencia entre una discusión política y una respuesta de gestión: mientras la primera puede prolongarse indefinidamente, la segunda debe producir resultados que los vecinos puedan comprobar.
Porque las candidaturas todavía están por definirse, pero los problemas ambientales ya están a la vista.
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