Por María José Etcheverry
La Justicia tiene una forma bastante particular de hacer cuentas. Y, a juzgar por algunas decisiones, la proporcionalidad parece depender bastante de quién está del otro lado del expediente.
El exintendente de Seguí, Cristian Treppo, acordó un juicio abreviado por peculado imprudente en una causa por sobreprecios en la obra pública. El perjuicio se calculó en casi 5,6 millones de pesos de 2015. Después de diez años de investigación y de una acusación que contemplaba seis años de prisión e inhabilitación perpetua, todo podría resolverse con una multa de 14 millones de pesos, equivalente al 40 % del daño actualizado.
Si la jueza homologa el acuerdo, Treppo no irá preso ni quedará inhabilitado para volver a ocupar un cargo público.
Parece que, con el paso del tiempo y una buena negociación, algunas responsabilidades penales se vuelven bastante más livianas.
Mientras tanto, en Sauce de Luna, una docente que circunstancialmente también es concejal de la oposición al PJ enfrenta un embargo sobre su sueldo por haber recurrido a la Justicia para reclamar el pago de sus dietas como concejal, entendiendo que la violenta ban económicamente para silenciarla e impedirle su trabajo.
Esa docente soy yo.
El Municipio paga las dietas cuando quiere. Cuando reclamé judicialmente lo que me correspondía, el pago tardío terminó dejando mi planteo sin objeto y el proceso derivó en una ejecución de honorarios y costas. Hoy tengo un embargo por más de un millón y medio de pesos, con una previsión adicional de otro millón y medio para intereses, gastos y costas. Una suma que representa aproximadamente tres meses de mi salario docente y que, no ha podido ser justificado por el juez de paz que lo dictó, juez que a su vez fue designado políticamente por el justicialismo al que controlo , y que Treppo representa.
Tal vez si hubiera robado fondos públicos o hubiera hecho silencio, mis cuentas darían en positivo.
La comparación entre ambos casos puede resultar incómoda. Son procesos distintos, con normas diferentes. Lo sé. Pero las diferencias jurídicas no alcanzan para explicar todas las contradicciones que dejan sus resultados.
En un expediente, la responsabilidad penal por permitir la sustracción de fondos públicos puede terminar en una multa, sin mayores consecuencias para el futuro político y económico del responsable del responsable (paga el 40% de lo que se llevó) En el otro, reclamar un derecho a tener recursos económicos para ejercer un cargo electivo de control, termina comprometiendo durante meses el ingreso de una trabajadora y dejando grabada en piedra la violencia económica sobre la oposición, porque las dietas siguen sin llegar en tiempo y forma.
Y acá es donde me pregunto qué lugar ocupa la razonabilidad en nuestra Justicia. Porque las sentencias y las resoluciones no se agotan en los artículos que citan: también tienen consecuencias sobre la vida de las personas.
La desigualdad para afrontar un proceso judicial existe. No es lo mismo litigar con recursos, contactos y capacidad de negociación que hacerlo dependiendo de un sueldo. Mucho menos cuando del otro lado está el poder político.
No sostengo que la Justicia deba castigar a alguien para compensar lo que le ocurre a otro. Lo que cuestiono es un sistema donde las consecuencias parecen tan desproporcionadas respecto de las conductas que las originan.
Y sí, creo que hay una dimensión política en todo esto. Porque cuando ejercer un derecho puede costar más que incumplir una obligación, el mensaje para cualquier ciudadano es bastante claro: mejor no reclamar.
Tal vez el problema no sea solamente cuánto paga cada uno, sino quién puede negociar las consecuencias de sus actos y quién tiene que soportarlas.
Al final, parece que el crimen no paga tan caro como decir la verdad. Y que la transparencia, lejos de ser una virtud reconocida por las instituciones, puede terminar saliendo demasiado cara.