La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos sancionó a la Municipalidad de Sauce de Luna con una multa de $16.202.500 por incumplimientos ambientales. Pese a contar desde hace meses con Alcides Mendoza como subcoordinador de Ambiente, la administración municipal ni siquiera presentó un descargo ante las intimaciones provinciales. A la sanción millonaria se suma el costo mensual de mantener una estructura de funcionarios cuya eficacia vuelve a quedar bajo cuestionamiento.
Lo que durante meses fue motivo de denuncias, reclamos vecinales y cuestionamientos a la administración municipal terminó convirtiéndose en una sanción económica concreta.
Mediante la Resolución Nº 616, del 29 de octubre de 2026, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos impuso una multa de $16.202.500 a la Municipalidad de Sauce de Luna, encabezada por el intendente Alcides Ramón Alderete.
La decisión, firmada por la secretaria de Ambiente, Rosa Mirta Hojman, no responde a una discusión política entre oficialismo y oposición. Es consecuencia de un procedimiento administrativo en el que la Provincia acreditó graves deficiencias ambientales, incumplimientos normativos y falta de respuestas del gobierno municipal.
Irregularidades comprobadas por la Provincia
La resolución recoge los resultados de una inspección realizada en diciembre de 2025, cuando los técnicos provinciales constataron residuos acumulados sin orden ni sectorización, presencia de animales, neumáticos, plásticos y otros materiales mezclados, ausencia de un portón de ingreso y deficiencias en las condiciones de funcionamiento del basural.
También se tuvieron en cuenta los antecedentes de quemas de residuos y la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación, iniciada a partir de una presentación de la concejal María José Etcheverry.
Los reclamos que durante meses fueron cuestionados encontraron así respaldo en las actuaciones oficiales de los organismos de control.
Un Municipio que ni siquiera se defendió
Quizás el aspecto más llamativo de la resolución sea la conducta administrativa de la Municipalidad.
El 15 de julio de 2026, la Provincia había prohibido las quemas, iniciado un procedimiento sumarial e intimado al gobierno local a presentar un Plan Integral de Gestión de Residuos y un Plan de Prevención y Mitigación de Incendios.
La notificación fue enviada al correo electrónico oficial municipal el 17 de julio.
Sin embargo, el documento provincial señala expresamente que la Municipalidad no compareció, no formuló descargo, no ofreció pruebas y tampoco acreditó haber cumplido las medidas exigidas.
Es decir, el Ejecutivo municipal tuvo la posibilidad de defenderse, explicar qué estaba haciendo y demostrar avances concretos. Según el expediente, no hizo ninguna de esas cosas.
Un subcoordinador de Ambiente, su sueldo mensual y una multa de más de 16 millones
A esta situación se suma un dato que vuelve todavía más cuestionable el funcionamiento de la administración municipal.
Hace meses, el gobierno de Alcides Alderete incorporó a Alcides Mendoza como subcoordinador del área de Ambiente, un cargo que representa una erogación salarial mensual para las arcas municipales.
Sin embargo, pese a contar con una estructura de funcionarios destinada a atender las distintas áreas de gestión, la Municipalidad no logró cumplir siquiera con una obligación administrativa elemental: responder formalmente a los requerimientos de la autoridad ambiental provincial.
La existencia de un cargo específico en Ambiente vuelve inevitable preguntar cuáles fueron las tareas realizadas, qué seguimiento se hizo del expediente y qué resultados concretos produjo esa función.
Porque los vecinos no solamente deberán afrontar, con recursos municipales, una eventual erogación de más de 16 millones de pesos. También vienen sosteniendo mes a mes el salario de un funcionario designado para un área cuya gestión hoy recibe una de las sanciones más contundentes de la Provincia.
La cuestión no pasa únicamente por cuánto cobra el subcoordinador, sino por qué resultados obtiene la comunidad a cambio de ese gasto.
¿Para qué se crean y sostienen cargos políticos si luego la administración ni siquiera responde las intimaciones que podrían evitar sanciones económicas?
¿Cuál es la responsabilidad de quienes conducen y coordinan el área ambiental?
¿Quién debía controlar los plazos del expediente y advertir al intendente sobre sus consecuencias?
Son preguntas que merecen respuestas concretas.
Una negligencia administrativa que puede salir muy cara
La multa equivale a 50 sueldos básicos de la categoría máxima del escalafón provincial.
Pero existe un aspecto especialmente preocupante: la sanción fue impuesta a la Municipalidad, no personalmente al intendente ni a los integrantes de su gabinete.
Por lo tanto, si se abona con fondos municipales, serán los recursos públicos los que deban afrontar las consecuencias económicas de los incumplimientos.
Dinero que podría destinarse a mejorar los servicios, reparar maquinaria, atender necesidades sociales o avanzar en soluciones para el propio basural.
La Provincia otorgó diez días hábiles desde la notificación para abonar la multa y cumplir los requerimientos pendientes. También ratificó la prohibición absoluta y permanente de quemar residuos, bajo advertencia de nuevas sanciones e incluso posibles medidas de clausura.
Ahora, ¿a quién culpará Alderete?
El intendente podrá cuestionar las denuncias opositoras, señalar dificultades económicas o recordar que el problema del basural viene de administraciones anteriores.
Pero difícilmente pueda responsabilizar a terceros por no haber presentado un descargo en un expediente del que su gobierno fue formalmente notificado.
Tampoco alcanza con disponer de coordinadores, subcoordinadores y funcionarios si esa estructura no se traduce en respuestas administrativas, planificación y soluciones para la comunidad.
La resolución provincial plantea un problema que va mucho más allá del estado del basural: expone las consecuencias económicas de una gestión que no acreditó haber cumplido las obligaciones que le fueron exigidas.
Y mientras los vecinos deberán convivir con un problema ambiental todavía pendiente de solución, el Municipio enfrenta una sanción millonaria que podría afectar recursos necesarios para otras prioridades.
Ahora corresponde que Alderete explique quién tenía a su cargo el seguimiento del expediente, por qué no se respondieron las intimaciones y qué funciones concretas viene desempeñando el subcoordinador de Ambiente.
También deberá aclarar cómo pretende afrontar la multa y qué medidas adoptará para evitar nuevas sanciones.
Fuente: Resolución Nº 616/2026 de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, expediente Nº 2.456.297.