SALUD | ENTRE RÍOS — La Federación Médica de Entre Ríos suspendió desde el lunes 2 de noviembre la atención médica en internación para afiliados de la obra social provincial. El conflicto se originó por descuentos en honorarios profesionales que FEMER considera injustificados. En Concordia, los sanatorios continúan recibiendo pacientes, pero algunas prestaciones médicas y estudios deben abonarse de manera particular.
La Obra Social de Entre Ríos (OSER) enfrenta un nuevo conflicto con los prestadores de salud. La Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) dispuso la suspensión transitoria de la atención médica en internación para sus afiliados, luego de que fracasaran las negociaciones destinadas a resolver diferencias económicas entre ambas instituciones.
La medida comenzó a regir el lunes 2 de noviembre y pone nuevamente en discusión el funcionamiento de la cobertura sanitaria provincial, especialmente porque sus consecuencias pueden recaer sobre los trabajadores estatales, jubilados y familias que realizan aportes mensuales a la obra social.
¿Qué reclaman los médicos?
El conflicto tiene su origen en descuentos aplicados por OSER sobre honorarios correspondientes a prestaciones realizadas durante junio y julio de 2026.
Desde FEMER sostienen que una parte importante de esos débitos resulta injustificada y perjudica económicamente a profesionales que efectivamente brindaron atención a los pacientes.
La Federación informó que mantuvo numerosas reuniones con representantes de la obra social para revisar criterios de facturación, corregir errores administrativos y acordar la devolución de los importes retenidos. Sin embargo, según su versión, las gestiones no permitieron alcanzar una solución.
Ante esa situación, el Consejo Directivo de FEMER resolvió el 28 de octubre exigir la regularización de los pagos y advirtió que, de no obtener respuestas, suspendería las prestaciones médicas en internación.
La decisión finalmente se concretó el 2 de noviembre.
Concordia: internaciones que continúan, pero con prestaciones sin cobertura
Uno de los aspectos más preocupantes se registra en Concordia, donde representantes de establecimientos privados confirmaron que las internaciones pueden continuar, aunque determinados honorarios profesionales y estudios dejaron de contar con la cobertura habitual de OSER.
Según publicó Diario Junio, tanto el Sanatorio Garat como el Sanatorio Concordia informaron que mantienen las internaciones, pero la suspensión afecta la atención de los médicos adheridos a FEMER.
Esto significa que un afiliado podría acceder a una cama de internación, pero encontrarse con la necesidad de pagar particularmente el seguimiento médico, la atención de especialistas o determinados estudios.
En algunos casos, la alternativa planteada por los prestadores sería recurrir al hospital público.
La situación resulta especialmente delicada para quienes necesitan cirugías programadas, tratamientos prolongados o atención especializada, ya que una internación no se limita a disponer de una cama: requiere profesionales, controles y prácticas complementarias.
Los médicos denuncian cambios en los criterios de facturación
Fernando Rivas, presidente de la Asociación Médica de Concordia y vicepresidente de FEMER, explicó que las diferencias no responden únicamente a demoras en los pagos, sino también a los criterios utilizados por OSER para auditar las prestaciones.
Entre los ejemplos mencionó descuentos relacionados con la atención de recién nacidos durante partos y cesáreas, procedimientos quirúrgicos y tratamientos que requieren internaciones breves.
El dirigente reconoció que pueden existir errores de facturación que justifiquen controles, pero cuestionó que se modifiquen criterios administrativos sin comunicación previa a los prestadores.
Desde la entidad médica consideran que estas situaciones generan incertidumbre sobre los importes que finalmente percibirán los profesionales por servicios ya realizados.
Una obra social que fue presentada como una solución
El conflicto se produce poco más de un año después de la creación de OSER, impulsada por la administración del gobernador Rogelio Frigerio para reemplazar al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER).
La nueva institución fue creada mediante la Ley Provincial N.º 11.202, sancionada en junio de 2025, con el propósito de reorganizar el sistema, mejorar su administración y fortalecer la cobertura de salud.
El Gobierno provincial defendió aquella transformación como una herramienta para ordenar las finanzas, optimizar los recursos y garantizar la sostenibilidad de las prestaciones.
Sin embargo, la suspensión anunciada por FEMER expone dificultades que todavía persisten en la relación entre la obra social y sus prestadores.
La eficiencia administrativa es necesaria, especialmente cuando se administran recursos provenientes de los aportes de miles de trabajadores. Pero los controles y las auditorías también deben desarrollarse con reglas claras, criterios previsibles y mecanismos que permitan resolver las diferencias sin comprometer la atención.
Los afiliados, la parte más vulnerable
Más allá de la discusión económica, el principal problema es el impacto sobre quienes necesitan atención médica.
Los afiliados no intervienen en las negociaciones de honorarios ni en los procedimientos de auditoría, pero pueden sufrir las consecuencias cuando los acuerdos entre la obra social y los profesionales se interrumpen.
Para una familia que ya realiza aportes mensuales, tener que afrontar gastos particulares durante una internación representa una carga adicional que muchas veces resulta imposible de asumir.
Tampoco puede suponerse que el sistema hospitalario público esté en condiciones de absorber automáticamente todas las prestaciones que dejen de brindarse mediante la cobertura privada.
Por eso, resulta indispensable que OSER informe con claridad qué servicios permanecen garantizados, cuáles se encuentran afectados y qué mecanismos de atención o reintegro están disponibles para quienes necesiten asistencia.
El desafío es resolver el conflicto sin trasladar sus costos a los pacientes
La controversia plantea responsabilidades que deben analizarse sin simplificaciones.
Por un lado, los profesionales tienen derecho a reclamar el pago correcto de las prestaciones realizadas. Por otro, la obra social tiene la obligación de controlar los recursos que administra y evitar facturaciones improcedentes.
Sin embargo, esas diferencias no deberían terminar convirtiéndose en un obstáculo para acceder a la atención médica.
La administración provincial deberá demostrar que la reorganización de la obra social no solamente permite mejorar los controles financieros, sino también garantizar la continuidad y calidad de las prestaciones.
Porque una obra social puede mejorar sus balances y sus mecanismos administrativos, pero si el afiliado debe pagar de su bolsillo una atención que debería estar cubierta, el problema sanitario sigue sin resolverse.