La protesta de un grupo de docentes de la Escuela Gerardo Yoya de Concordia, durante la visita del gobernador, dejó al descubierto una contradicción cada vez más difícil de disimular: la distancia entre los discursos de campaña y la realidad que atraviesan los trabajadores de la educación entrerriana.
Este miércoles 28 de octubre, el gobernador Rogelio Frigerio visitó la Escuela Secundaria N.º 9 “Intendente Gerardo Yoya”, en Concordia, acompañado por el intendente Francisco Azcué y otros funcionarios, para recorrer obras realizadas por CAFESG.
Sin embargo, lo que podía haber sido una recorrida institucional destinada a mostrar avances en infraestructura terminó convirtiéndose en una escena incómoda para el mandatario provincial.
Un grupo de docentes que participaba de una jornada institucional decidió manifestarse con carteles y reclamos por salarios dignos y mejores condiciones laborales.
Sebastián Pittavino, uno de los profesores que participó de la protesta, explicó a Diario Río Uruguay que la presencia de los funcionarios les brindó la oportunidad de expresar demandas que vienen sosteniendo desde hace años.
La escena dejó una imagen políticamente significativa: mientras el Gobierno buscaba mostrar una obra realizada, los trabajadores de esa misma escuela reclamaban por las condiciones en las que deben desarrollar su tarea.
De las promesas de campaña a las responsabilidades de gobierno
Durante la campaña electoral de 2023, Frigerio hizo de la educación uno de los ejes de su propuesta política. Habló de transformar Entre Ríos, mejorar el sistema educativo y recuperar un Estado que escuchara a los ciudadanos.
Incluso cuestionó duramente a los funcionarios que habían dejado de escuchar a la gente.
Pero gobernar implica bastante más que identificar problemas, señalar errores ajenos o formular promesas atractivas.
Gobernar exige transformar las palabras en decisiones concretas y, fundamentalmente, sostener con hechos aquello que se defendió durante una campaña electoral.
A casi tres años de asumir la Gobernación, Frigerio enfrenta una realidad que pone a prueba su propio discurso.
Los reclamos salariales docentes continúan, las negociaciones paritarias siguen generando conflictos y el malestar de una parte del sector educativo se expresa en paros y movilizaciones.
Los números ayudan a comprender el problema.
Según informó el propio Gobierno provincial, luego del incremento del 3,5 % dispuesto en septiembre, el salario inicial docente garantizado se ubicó en aproximadamente 910.000 pesos.
Mientras tanto, la Canasta Básica Total calculada por el INDEC para una familia de cuatro integrantes alcanzó los 1.632.505 pesos en septiembre de 2026. Aunque se trata de una referencia para el Gran Buenos Aires y de un indicador familiar, la comparación permite dimensionar la preocupación por los ingresos.
La discusión no puede limitarse, entonces, a cuánto aumentaron nominalmente los salarios, sino a qué posibilidades reales tienen los trabajadores de sostener sus condiciones de vida.
Las obras importan, pero los salarios también
Resulta necesario reconocer que mejorar los edificios escolares es una obligación del Estado y que cada reparación representa un avance para las comunidades educativas.
Pero arreglar un techo no reemplaza una política salarial que reconozca y dignifique el trabajo docente.
Una educación de calidad necesita edificios seguros, materiales, recursos y, sobre todo, trabajadores que puedan ejercer su profesión sin que la preocupación económica se convierta en una carga permanente.
La protesta en la Escuela Gerardo Yoya expuso precisamente esa tensión.
El gobernador tiene derecho a recorrer obras y mostrar resultados. Pero los docentes también tienen derecho a reclamar, incluso cuando sus demandas alteren una visita oficial.
Y aquí aparece otra cuestión fundamental: quien construyó buena parte de su discurso político cuestionando a los gobernantes que no escuchaban a la sociedad debería demostrar una especial disposición a escuchar cuando los reclamos se dirigen hacia su propia gestión.
La verdadera prueba de una gestión
Es relativamente sencillo hablar de educación, diálogo y transformación cuando se está en campaña. Lo verdaderamente difícil es mantener esos principios cuando llegan las responsabilidades, los conflictos y las decisiones presupuestarias.
Frigerio ya no es el candidato que prometía cambiar Entre Ríos. Es el gobernador que debe responder por las decisiones de su administración.
La protesta de Concordia no debería interpretarse solamente como un momento incómodo de una recorrida oficial, sino como una oportunidad para revisar cuánto de lo prometido se está convirtiendo efectivamente en realidad.
Porque las transformaciones no se miden únicamente por las obras que se inauguran ni por los discursos que se pronuncian.
Se miden también por las condiciones de vida de quienes sostienen diariamente los servicios públicos.
Y cuando un gobernador necesita mostrar los avances de su gestión, pero se encuentra con docentes que reclaman poder vivir dignamente de su trabajo, hay una pregunta que resulta inevitable:
¿Cuánto de aquella educación que Frigerio prometió defender durante la campaña electoral se está defendiendo realmente con las decisiones de su gobierno?
La credibilidad política no se construye solamente prometiendo cambios. Se construye siendo capaz de cumplirlos.
Porque las palabras pueden alcanzar para ganar una elección, pero son los hechos los que permiten sostener la confianza de la sociedad.