Tres estudiantes de 14 años de la Escuela Agrotécnica N.º 24 “General San Martín” (ubicada en Estancia Grande, departamento Concordia) habrían utilizado herramientas de IA para modificar fotografías reales de tres compañeras y hacerlas aparecer desnudas.
Las imágenes falsas se habrían distribuido entre alumnos y utilizado para amenazar a las chicas. Familias de las alumnas afectadas se presentaron en el establecimiento educativo para exigir explicaciones, lo que motivó la intervención policial y una reunión con las autoridades escolares.
Acciones judiciales
• Allanamientos: La Policía de Entre Ríos (a través de la Comisaría de Calabacilla) realizó allanamientos en tres viviendas ubicadas en Villa Adela, Puerto Yeruá y Calabacilla.
• Se incautaron un total de 11 teléfonos celulares a los menores involucrados.
• La causa está bajo la dirección de la fiscal de Género, Agustina Solé, y las órdenes fueron emitidas por el Juzgado de Familia y Menores; los dispositivos peritados buscarán esclarecer las responsabilidades. El caso ocurrido en una escuela de Concordia Entre Ríos nos obliga a reflexionar sobre los límites, la responsabilidad y las consecuencias de nuestros actos en el mundo digital.
Una reflexión necesaria
La inteligencia artificial puede ser una herramienta extraordinaria para aprender, crear y avanzar. Sin embargo, cuando se utiliza para manipular imágenes de otras personas, simular desnudez, humillar, amenazar o ejercer presión sobre alguien, deja de ser un juego y se convierte en un instrumento de violencia.
Detrás de cada imagen hay una persona, una historia, una familia y una dignidad que merecen respeto.
Que una fotografía sea falsa no significa que el daño sea menos real. Las víctimas pueden experimentar miedo, vergüenza, angustia y consecuencias que afectan su vida personal, social y escolar.
El consentimiento no es un detalle: es un límite fundamental. Nadie tiene derecho a utilizar la imagen de otra persona para vulnerar su intimidad, y mucho menos para amenazarla o someterla a la humillación pública.
Tampoco podemos ignorar la responsabilidad de quienes reciben y reenvían estos contenidos. Compartir una imagen para burlarse, comentarla con intención de humillar o contribuir a su difusión puede profundizar el daño. La violencia digital no termina en quien crea el contenido: también se alimenta de quienes lo distribuyen y de quienes eligen mirar hacia otro lado.
Como sociedad, necesitamos educar en el respeto, la empatía y el uso responsable de la tecnología. Las familias, las instituciones educativas y el Estado tienen un papel fundamental en la prevención y el abordaje de estas situaciones.
¿QUÉ CONSECUENCIAS LEGALES PUEDE TENER LA VIOLENCIA DIGITAL EN ARGENTINA?
Es importante comprender que crear y difundir imágenes íntimas falsas mediante inteligencia artificial puede tener consecuencias jurídicas, incluso cuando quienes participan son menores de edad.
La manipulación de imágenes no es una conducta sin consecuencias.
Crear imágenes falsas que simulan desnudez puede vulnerar derechos personalísimos, como la intimidad, la imagen, la dignidad y la integridad de las personas. Según las circunstancias, pueden corresponder medidas judiciales de protección y acciones civiles.
Si las imágenes se utilizan para intimidar, coaccionar o exigir algo a las víctimas, los hechos deben analizarse también a la luz de las normas penales aplicables a las amenazas y, si corresponde, a otras conductas delictivas. La calificación jurídica depende de lo ocurrido y de las pruebas reunidas.
La difusión también importa: No solamente debe analizarse quién creó las imágenes. También es relevante determinar quiénes las difundieron, con qué intención, qué amenazas existieron y si hubo otras formas de hostigamiento. La responsabilidad de cada persona debe establecerse individualmente.
¿Qué ocurre cuando los involucrados tienen 14 años?
La edad es un factor jurídico central. En Argentina, la Ley 27.801, publicada en marzo de 2026, estableció un nuevo Régimen Penal Juvenil, con una edad mínima de responsabilidad penal de 14 años para los delitos comprendidos en ese régimen. Por eso, la edad de los adolescentes involucrados y la calificación legal concreta de los hechos deben analizarse conforme a la normativa vigente y sus disposiciones de aplicación.
Esto no significa que la responsabilidad penal sea automática ni que corresponda anticipar una condena. La intervención judicial debe determinar los hechos, las responsabilidades individuales y las medidas legalmente procedentes, con respeto de las garantías de todas las personas involucradas.
Las adolescentes afectadas tienen derecho a que se resguarde su identidad, se evite la revictimización y se adopten medidas para proteger su protección.
UNA RESPONSABILIDAD QUE VA MÁS ALLÁ DE LA ESCUELA
Este caso nos recuerda que la tecnología avanza rápidamente, pero el respeto por los demás debe seguir siendo un principio irrenunciable.
La inteligencia artificial no es responsable por sí sola de las decisiones humanas. Quienes la utilizan para dañar a otras personas deben comprender que sus acciones pueden tener consecuencias reales, tanto para las víctimas como para ellos mismos.
Educar no significa solamente enseñar a utilizar nuevas herramientas. También significa enseñar a reconocer límites, respetar la intimidad ajena y comprender que la libertad digital no habilita a vulnerar los derechos de los demás.
Una imagen puede ser falsa. La humillación, el miedo y el daño que provoca pueden ser profundamente reales.
La prevención comienza con la educación, pero también exige responsabilidad, intervención oportuna y justicia. Porque detrás de cada pantalla hay personas, y ninguna innovación tecnológica puede justificar la violencia contra ellas.