La Justicia federal cerró la investigación penal contra el presidente Javier Milei, Karina Milei y otros nueve involucrados en el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. Mientras el Gobierno celebró la resolución como una reivindicación, sectores de la oposición cuestionaron la investigación y advirtieron que persisten interrogantes sobre las responsabilidades políticas.
La Justicia federal resolvió este viernes 23 de octubre sobreseer al presidente Javier Milei, a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a otras nueve personas investigadas por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, cuyo lanzamiento y posterior derrumbe provocaron pérdidas millonarias entre los inversores.
La decisión fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano y consideró que los hechos investigados no reunían los elementos necesarios para configurar los delitos denunciados.
El fallo representa un importante triunfo judicial para el Gobierno nacional, aunque también reavivó las controversias sobre el desarrollo de la investigación y el papel que desempeñó el presidente en la promoción de una inversión privada.
El origen de un escándalo internacional
El caso comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando Javier Milei publicó en su cuenta de X un mensaje promocionando la criptomoneda $LIBRA, presentada como una iniciativa destinada a financiar pequeñas empresas y emprendimientos argentinos.
La publicación presidencial generó una fuerte repercusión y el valor del activo digital aumentó rápidamente. Sin embargo, pocas horas después, la cotización se desplomó.
Miles de inversores sufrieron pérdidas, mientras que un reducido grupo de operadores obtuvo importantes ganancias. Investigaciones sobre los movimientos de las billeteras digitales identificaron extracciones cercanas a los 100 millones de dólares vinculadas con el lanzamiento.
Tras la caída, Milei eliminó su publicación y sostuvo que desconocía los detalles del proyecto, asegurando que había actuado de buena fe.
El episodio dio origen a denuncias judiciales y a una investigación parlamentaria destinada a determinar si existieron maniobras fraudulentas y posibles responsabilidades de funcionarios públicos.
¿Por qué la Justicia decidió sobreseerlos?
En su resolución, el juez Martínez de Giorgi consideró que no se había demostrado la existencia de un engaño penalmente relevante que permitiera sostener una acusación por estafa.
El magistrado reconoció que la condición de presidente de Milei había otorgado una visibilidad particular al lanzamiento de la criptomoneda, pero sostuvo que esa circunstancia no constituía por sí misma una maniobra delictiva.
También descartó que las pruebas reunidas permitieran acreditar tráfico de influencias, abuso de autoridad o negociaciones incompatibles con la función pública.
En cuanto a Karina Milei, el juez entendió que no se había probado que hubiera solicitado o recibido dinero para facilitar contactos entre empresarios vinculados al proyecto y el presidente.
La resolución alcanzó además a otros involucrados, entre ellos el empresario estadounidense Hayden Davis y el operador financiero Mauricio Novelli.
Milei celebró el fallo y apuntó contra la prensa
Tras conocerse la decisión judicial, el presidente utilizó sus redes sociales para celebrar el sobreseimiento y cuestionar duramente a quienes habían denunciado o investigado el caso.
Milei sostuvo que había sido víctima de una operación política y mediática destinada a perjudicar su imagen y acusó a dirigentes opositores y periodistas de difundir versiones falsas.
El mandatario presentó la resolución como una confirmación de su inocencia y volvió a denunciar motivaciones políticas detrás de las acusaciones.
Las críticas: una investigación sin declaraciones indagatorias
La decisión judicial también provocó fuertes cuestionamientos de dirigentes opositores.
Uno de los principales señalamientos estuvo relacionado con el hecho de que la investigación concluyó sin que los acusados fueran convocados a prestar declaración indagatoria.
El diputado Maximiliano Ferraro, quien presidió la comisión parlamentaria que investigó el escándalo, cuestionó la actuación del juez y del fiscal, al considerar que no se habían agotado las medidas necesarias para esclarecer los hechos.
También generó controversia la exclusión de damnificados que intervenían como querellantes, una circunstancia que limitó su participación directa en la etapa final del expediente.
Entre los elementos examinados durante la investigación figuraron documentos digitales y comunicaciones vinculadas con los impulsores de $LIBRA, incluido un borrador referido a un presunto acuerdo económico millonario. El juez consideró que esos elementos no resultaban suficientes para demostrar la comisión de delitos.
Los cuestionamientos de la oposición se concentran, precisamente, en determinar si las pruebas fueron evaluadas de manera adecuada y si se realizaron todas las diligencias necesarias.
¿El cierre judicial termina también con la responsabilidad política?
El sobreseimiento constituye una resolución judicial favorable al presidente y a los demás investigados. Sin embargo, la discusión pública trasciende la determinación de si existió o no un delito penal.
El caso también abrió interrogantes sobre los límites entre la actividad privada y la función pública, especialmente cuando una recomendación realizada desde la cuenta de un presidente puede influir sobre las decisiones económicas de miles de personas.
La responsabilidad penal requiere acreditar conductas delictivas mediante pruebas suficientes. La responsabilidad política, en cambio, también comprende la prudencia, la transparencia y el cuidado que deben observar quienes ejercen cargos institucionales.
En ese sentido, aunque la Justicia no encontró elementos suficientes para sostener las acusaciones penales, el episodio continúa siendo materia de debate sobre el uso de la investidura presidencial y la confianza pública.
El caso $LIBRA deja así dos realidades que deben distinguirse: una resolución judicial que favorece a Milei y una controversia política que no necesariamente desaparece con el cierre del expediente penal.
La pregunta que permanece abierta en el debate público es si un presidente puede desvincularse completamente de las consecuencias de una inversión privada que alcanzó notoriedad internacional después de haber sido difundida desde sus propias redes sociales.