Las condenas que alcanzan a dirigentes y exfuncionarios entrerrianos vuelven a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿la Justicia actúa con la misma determinación frente a todas las irregularidades o sus tiempos terminan acomodándose a las conveniencias de la política? Mientras los partidos ensayan renovaciones de imagen de cara a las próximas elecciones, la ciudadanía parece haber perdido la paciencia con una dirigencia que confunde rendir cuentas con encontrar una salida elegante a sus problemas.
La política entrerriana tiene una curiosa capacidad para reinventarse. Cuando se acercan las elecciones, aparecen los discursos de renovación, los compromisos con la transparencia, las promesas de honestidad y las declaraciones solemnes sobre la necesidad de recuperar la confianza ciudadana. Los mismos partidos que durante años toleraron silencios, contradicciones y prácticas cuestionables descubren repentinamente la importancia de la ética pública.
Y entonces comienzan a aparecer las renuncias, las condenas, los expedientes que vuelven a ocupar titulares y las responsabilidades que, por alguna razón, parecían haber perdido urgencia.
El caso de Daniel Benítez, intendente de Puerto Yeruá, es una expresión de este fenómeno. Su renuncia, presentada el 20 de octubre y prevista para hacerse efectiva el 31, fue fundamentada oficialmente en razones personales, familiares y de salud. Sin embargo, su salida se produce en medio de cuestionamientos a su gestión y vuelve a colocar bajo la mirada pública una condena judicial por violencia laboral y discriminación contra una trabajadora municipal.
La sentencia, dictada en abril de 2025, estableció una indemnización y otras obligaciones para el mandatario y una funcionaria de su gobierno. Según denuncias públicas, parte de esa reparación continúa pendiente. Si bien Benítez no lo admite como causal de su renuncia, tampoco puede ignorarse el contexto de desgaste político y cuestionamiento social en el que se produce.
El asunto es que cuando un dirigente termina alejándose del poder en medio del descrédito, ¿estamos frente al funcionamiento saludable de las instituciones o ante el resultado tardío de una presión ciudadana, y mediática, que las instituciones no supieron canalizar oportunamente?
La diferencia no es menor.
En Federal, la condena al exsecretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos José Luis Bustamante vuelve a poner en discusión el uso de recursos públicos. La Justicia lo encontró responsable de peculado y la sentencia estableció dos años de prisión condicional, inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y la obligación de reparar el perjuicio económico.
Aunque son situaciones judiciales diferentes, ambas permiten observar un problema político compartido: la distancia entre los estándares de conducta que la sociedad exige y los mecanismos que deberían garantizar su cumplimiento.
Porque el verdadero interrogante no es solamente qué ocurre cuando finalmente llega una condena. Es qué sucede durante todos los años anteriores. La justicia es lenta, llega tarde y, a veces, con sabor a poco.
¿Cuántas denuncias permanecen sin respuestas claras? ¿Cuántos expedientes avanzan con una lentitud desesperante? ¿Cuántos organismos de control se limitan a recibir documentación sin que la ciudadanía conozca qué se investiga, qué se comprueba y qué consecuencias existen?
Y, sobre todo, ¿por qué algunas situaciones parecen adquirir una velocidad extraordinaria cuando el clima político cambia, mientras otras permanecen durante años en una especie de limbo institucional? Es muy oportuna la Condena a Bustamante (PJ) justo después de la Ruptura de la Senadora Miranda (FC) y su despegue de la gestión Chappino; casi tan curiosa como la Renuncia de Benítez en medio del creciente espíritu electoral que acrecienta los “carpetazos” internos y externos.
No se trata de afirmar que cada sentencia responde a una operación política, se trata de reconocer que la desigualdad percibida en los tiempos y en la intensidad de los controles también erosiona la confianza en la Justicia.
En vísperas de un nuevo proceso electoral, esa desconfianza adquiere otra dimensión.
Los partidos necesitan mostrar renovación. Los dirigentes necesitan desprenderse de aquello que compromete su imagen. Y determinadas resoluciones judiciales, renuncias o investigaciones pueden terminar funcionando, deliberadamente o no, como una suerte de limpieza superficial del escenario político.
Se aparta a una figura cuestionada, se anuncia una nueva etapa, se promete que ahora sí las cosas serán diferentes y se invita a la sociedad a pasar de página.
Pero el sistema que permitió las irregularidades, los silencios y la ausencia de controles puede permanecer exactamente igual.
Cambiar las caras sin cambiar las prácticas no es renovación. Es maquillaje electoral.
La ciudadanía no necesita que, cada tanto, se le ofrezca una condena o una renuncia como placebo institucional para calmar la indignación acumulada. Necesita saber que las reglas se cumplen todos los días, independientemente del partido que gobierne, de la influencia del funcionario denunciado (o de sus enemigos) o de la cercanía de una elección.
Necesita organismos de control que controlen, fiscalías que investiguen con independencia, concejos deliberantes que ejerzan sus atribuciones sin obstáculos y administraciones que entiendan que los recursos públicos no son patrimonio de quienes ganaron una elección.
Esta discusión también alcanza a los municipios pequeños, donde las relaciones personales, las lealtades partidarias y la concentración del poder pueden hacer todavía más difícil denunciar irregularidades sin sufrir consecuencias, lo percibimos en todas las localidades del Departamento Federal.
Allí, reclamar información sobre contrataciones, presupuestos, deudas, obras públicas o utilización de bienes municipales no debería interpretarse como una declaración de guerra contra el intendente de turno. Es, sencillamente, ejercer el control democrático.
Sin embargo, demasiadas veces la respuesta al cuestionamiento no consiste en mostrar documentación, sino en desacreditar a quien pregunta, buscar culpables en administraciones anteriores o convertir cualquier pedido de explicaciones en una disputa partidaria.
La responsabilidad institucional exige investigar lo sucedido, identificar a quienes corresponda y evitar que los conflictos terminen convirtiéndose en condenas económicas que paga toda la comunidad.
En este escenario, la renuncia de Benítez puede leerse políticamente como una manifestación del agotamiento de cierta forma de ejercer el poder y del peso que adquiere el cuestionamiento público. Pero sería apresurado presentarla como prueba de una Justicia que actuó de manera ejemplar o como una consecuencia judicial directa.
La presión social puede conseguir que un dirigente se vaya. Lo que todavía debemos exigir es que las instituciones funcionen antes de que la sociedad llegue al hartazgo.
La sociedad entrerriana no está pidiendo una Justicia que elija mejor el momento de actuar. Está pidiendo una Justicia que no necesite mirar el calendario político para cumplir su función.
Quizás ese sea el verdadero mensaje detrás del malestar creciente: la gente no quiere más gestos para tranquilizarla. Quiere respuestas, documentación, consecuencias y reglas iguales para todos.
Porque una renuncia puede cerrar una etapa política. Una condena puede resolver una responsabilidad individual. Pero ninguna de las dos, por sí sola, alcanza para transformar un sistema.
Y mientras la política siga confundiendo la limpieza de imagen con la transparencia, y las instituciones no consigan demostrar que investigan con la misma independencia a poderosos y desconocidos, cada elección podrá cambiar los nombres, pero no atraerá participación y confianza de la ciudadanía.