La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos ordenó el cierre definitivo del basural de Pueblo Brugo. En Sauce de Luna, donde también existe una resolución provincial por graves irregularidades ambientales, los vecinos siguen reclamando soluciones. La diferencia en las medidas adoptadas reabre el debate sobre la igualdad de criterios y la responsabilidad del Estado.
La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos dispuso, mediante la Resolución N.º 593/2026, del 19 de octubre, la clausura inmediata, total y definitiva del basural a cielo abierto de Pueblo Brugo, departamento Paraná. La medida prohíbe continuar depositando residuos en el predio y advierte que, ante nuevos incumplimientos, podrá requerirse la intervención policial y formularse una denuncia penal.
La decisión responde a reiteradas irregularidades ambientales, incumplimientos de intimaciones anteriores y una sentencia judicial que había ordenado el cierre y saneamiento del lugar.
Pero la noticia inevitablemente nos lleva a preguntarnos qué sucede en Sauce de Luna.
En la localidad del departamento Federal, la propia Secretaría de Ambiente dictó el 15 de julio la Resolución N.º 391/2026, mediante la cual prohibió de manera inmediata y absoluta la quema de residuos en el basural municipal, inició un sumario administrativo e intimó al Ejecutivo a presentar, en un plazo de 20 días, un Plan de Prevención y Mitigación de Incendios y un Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.
La resolución provincial no surgió de una sospecha infundada. Estuvo precedida por inspecciones, denuncias, documentación audiovisual y reiterados incumplimientos municipales señalados por el propio organismo.
Sin embargo, más de tres meses después, los vecinos de Sauce de Luna seguimos denunciando quemas, soportando el humo y conviviendo con un basural ubicado a escasos metros de nuestras viviendas. Más de 740 firmas acompañaron un reclamo que todavía no encuentra una solución efectiva.
Es cierto que ambos expedientes tienen diferencias: en Pueblo Brugo existe, además, una sentencia judicial que ordenó el cierre del basural. Pero esa circunstancia no elimina una pregunta legítima: ¿por qué la intervención provincial logra avanzar hasta una clausura en una localidad, mientras en Sauce de Luna las medidas adoptadas no han conseguido terminar siquiera con las quemas?
La protección ambiental no debería depender del municipio del que se trate ni de la insistencia que puedan sostener sus vecinos. Las leyes son las mismas y el derecho a vivir en un ambiente sano también.
El intendente Alcides Alderete tiene la responsabilidad de cumplir las disposiciones ambientales y brindar una solución definitiva. Pero la Provincia, que ya constató irregularidades y dictó una resolución, también debe controlar su cumplimiento y actuar cuando las medidas resultan insuficientes.
El reclamo de los vecinos es que la protección ambiental sea efectiva e igualitaria.
Porque mientras en Pueblo Brugo se ordena cerrar un basural, en Sauce de Luna las familias siguen esperando algo mucho más elemental: poder abrir las ventanas, respirar aire limpio y vivir sin miedo a que la basura vuelva a arder.
El derecho a un ambiente sano no puede depender del código postal.