El intendente Alcides Alderete modificó el presupuesto municipal mediante un decreto, sin intervención del Concejo Deliberante. La decisión genera cuestionamientos jurídicos y se suma a una serie de controversias administrativas, observaciones de organismos de control y conflictos entre los poderes del gobierno local.
La administración municipal de Sauce de Luna vuelve a quedar en el centro de la discusión pública tras conocerse el Decreto N.º 091/2026, firmado el 14 de septiembre por el intendente Alcides Alderete, mediante el cual se dispuso una ampliación y adecuación del presupuesto de recursos y gastos por $971.969.209,92.
La medida, que según los cuestionamientos formulados no fue sometida a consideración del Concejo Deliberante, plantea interrogantes sobre su legalidad y sobre los mecanismos de control de los recursos públicos municipales.
El aspecto central de la controversia se encuentra en la Ley Provincial N.º 10.027, Orgánica de Municipios, que establece las competencias de ambos poderes. Su artículo 144 dispone que el presupuesto debe aprobarse mediante ordenanza, mientras que los artículos 146 y 147 regulan sus modificaciones y la autorización de créditos suplementarios. Por su parte, el artículo 155 delimita las posibilidades del Ejecutivo para efectuar transferencias de partidas sin aprobación legislativa.
En consecuencia, aunque el intendente tiene facultades para administrar y ejecutar los recursos municipales, la ampliación del presupuesto no constituye una atribución que pueda ejercer libremente por decreto. La normativa tampoco contempla para los presidentes municipales un mecanismo equivalente a los decretos de necesidad y urgencia del orden nacional o provincial.
Otro punto que genera dudas es la ausencia, en la documentación publicada y examinada, de los anexos que permitirían identificar detalladamente qué partidas se incrementan, cuáles son los recursos que justifican la ampliación y a qué destinos se asignan los nuevos créditos.
La cuestión adquiere especial relevancia por los antecedentes presupuestarios de la administración. Durante este año, el Concejo Deliberante aprobó un presupuesto que posteriormente fue vetado por el Ejecutivo, generando nuevas controversias acerca de las facultades de ambos poderes y el régimen presupuestario aplicable.
Antecedentes de una administración cuestionada
La modificación presupuestaria no constituye un episodio aislado dentro de la gestión municipal.
En los últimos meses se conocieron otros actos administrativos que despertaron interrogantes sobre los procedimientos utilizados para realizar compras y contrataciones públicas.
Entre ellos aparecen adquisiciones de materiales destinados al mantenimiento de calles, una compra directa de equipamiento para el sistema de agua y contrataciones de combustible. En algunos de los decretos examinados se advierte la falta de identificación del monto total de las operaciones, de precios de adjudicación o de información suficiente para establecer la adecuación del procedimiento de contratación a los límites legales.
Estas observaciones justifican, según la Edil Vecinalista María José Etcheverry, la necesidad de acceder a los expedientes completos, conocer las intervenciones de los funcionarios responsables del control contable y verificar el cumplimiento de la normativa.
A estos antecedentes se suman actuaciones del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos relacionadas con presuntas irregularidades en la liquidación de haberes de autoridades municipales. El organismo formuló requerimientos, mientras que el Ejecutivo sostuvo públicamente que las liquidaciones habían sido correctas y solicitó la revisión de las observaciones.
La sucesión de cuestionamientos pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procedimientos de administración, documentación y rendición de cuentas.
Un conflicto institucional que llegó a la Justicia
La discusión sobre el manejo presupuestario se desarrolla en medio de un prolongado enfrentamiento entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante.
Durante 2025 y 2026 se registraron controversias por el funcionamiento del cuerpo legislativo, el pago de dietas, la disponibilidad de sus recursos económicos y administrativos y los alcances de las atribuciones de sus autoridades.
La propia Presidencia del Concejo denunció públicamente restricciones financieras que, según sostuvo, afectan su funcionamiento institucional.
Por otra parte, las diferencias entre el intendente Alderete y la viceintendenta Zurdo derivaron en un conflicto de poderes que llegó al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, en el marco de una controversia sobre las competencias de ambos órganos municipales.
También se sumaron desacuerdos por ordenanzas sancionadas por el cuerpo deliberativo y posteriormente vetadas por el Ejecutivo, entre ellas iniciativas vinculadas a la organización y transición de las futuras administraciones municipales.
El control de los recursos, en el centro del debate
La gravedad institucional del nuevo episodio no radica únicamente en la magnitud económica de la ampliación, sino también en el procedimiento utilizado.
En un municipio con recursos limitados y demandas permanentes de mantenimiento de calles, infraestructura, servicios públicos y asistencia social, las decisiones presupuestarias requieren previsibilidad, información suficiente y controles efectivos.
Corresponderá determinar si el Decreto N.º 091/2026 cuenta con fundamentos jurídicos y contables que justifiquen su dictado, si las modificaciones realizadas se encuentran comprendidas dentro de las facultades legales del Ejecutivo y si existió una afectación de las competencias reservadas al Concejo Deliberante.
La intervención de los organismos de control y el acceso a la documentación completa resultan fundamentales para esclarecer estos interrogantes, sin anticipar conclusiones sobre eventuales responsabilidades.
Más allá de las diferencias políticas, la situación vuelve a poner sobre la mesa una cuestión esencial: los recursos municipales pertenecen a la comunidad y su administración debe ajustarse a la ley, con publicidad de los actos de gobierno y respeto por las instituciones encargadas de controlar su utilización.